Opinión: Hermetismo

La semana en Bariloche en la mirada del periodista Daniel Marzal que analiza el secreto mejor guardado por el gobierno.

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Datos

Es posible que los ciudadanos comunes se interesen a partir de una curiosidad puntual. Un empleado o un proveedor municipal tal vez pregunten con mayor inquietud cuando su propia economía esté en juego. Pero para los concejales (oficialistas u opositores), la salud de las cuentas públicas municipales debería ser asunto de acceso inmediato y consulta cotidiana.
El problema es que el gobierno mantiene estricta reserva sobre los datos relacionados con la deuda y el déficit operativo mensual del municipio, que sólo están disponibles para el intendente Gennuso y sus colaboradores cercanos.
Esa empecinada oclusión no hace más que aumentar la intriga sobre el verdadero estado de la economía y las finanzas municipales.
A falta de pruebas, sobran los indicios. Cada mes aumenta el descubierto bancario que demanda el municipio para pagar los sueldos (en enero pasado superó los $48 millones).
Además, el intendente ya tomó como rutina el trámite y obtención de auxilios nacionales vía ATN. En 2015 había criticado a la gestión anterior por apelar a ese instrumento y lo calificó como “un sintoma de bancarrota”.
El acceso a la información debería ser fluido y automático. No lo entendieron así el secretario de Hacienda Diego Quintana y el jefe de Gabinete Marcos Barberis, cuando en noviembre pasado se comprometieron ante los concejales a brindar precisiones sobre la deuda y el déficit, pero todavía no cumplieron.
La prensa también choca a diario con funcionarios que invocan la falta de “autorización” para brindar datos elementales.
Según está visto, la única información que circula sin grotescos protocolos es la que no depende de la buena voluntad de nadie sino del mismo ordenamiento jurídico. El ejemplo más claro es la obligación que tiene (y cumple) el Ejecutivo de detallar mes a mes los ingresos y gastos, y a informar sobre el uso de descubierto bancario. Esta última imposición fue establecida por ordenanza en septiembre de 2014, luego de una larga historia de ocultamientos y retaceos.
La deuda exigible por ahora sigue a salvo de miradas malintencionadas. Así las cosas.

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