Inflación ígnea y recesión ecológica

Toda conciencia de ciudadanía y de buen gobierno para un bien vivir como virtud cívica, debe motivar nuestras responsabilidades y deberes, tanto educativas, personales como gubernamentales y comunitarios.





*por Roberto Fermín Bertossi, Experto en cooperativismo de la Coneau

Con renovadas excusas y permanente impunidad, provincias como Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Córdoba, Formosa, Mendoza y San Luis, entre otras, recurrentemente se ven sometidas por absurdas tragedias ambientales, exhibiendo anualmente un marcado agravamiento, pero naturalizadas oficial y atónitamente como “Temporada de incendios” (https://www.mendoza.gov.ar/drnr/temporada-de-incendios-forestales/)

Nadie profundiza instruida y documentadamente en las irresponsabilidades, de las autorizaciones y regulaciones anárquicas para desarrollos inmobiliarios, vitivinícolas, sojeros, turísticos y otros; ni en la llamativa ausencia de grieta para negarnos una urgente ley de humedales, procrastinación normativa tan inexplicable como imperdonable ante la dantesca agonía y/o ecocidio de nuestro lánguido ecosistema, con su fauna y su biodiversidad.

Hace 10 años que en gran parte de nuestro país (amenazada, acorralada y asfixiada como nunca por llamas y humo, perniciosos), infructuosamente, funcionarios, legisladores, gobernadores e intendentes, liviana e inoperantemente discuten múltiples y diversos anteproyectos, planes y programas para conservar y remediar en su caso, millones de hectáreas esenciales para la vida misma en todas sus formas: humana, animal, vegetal o recursos naturales (vg., flora, biomas, biósfera, etc.)

Ante la gravedad y prolongación de esta tragedia ígnea, no solamente se trata de que rosarinos o nicoleños próximos al delta del rio Paraná -injustamente invadidos e impregnados de humo- se vieron compelidos a usar “calificadas y autorizadas mascarillas” para sobrevivir; sino que nuevamente se oscurece y enturbia la normalidad de la vida en casi todo el territorio nacional, tanto en materia de educación, de circulación, de montes, bosques, serranías y viviendas afectadas, del derecho de propiedad, de la elección de domicilio cerrado o residencia veraniega, etc., etc.

A todo esto, ministros nacionales y secretarios provinciales de ambiente, gobernadores e intendentes, jueces y comisarios, eventualmente involucrados, debieran mínimamente ser imputados, procesados y juzgados, sumarísimamente, con la severidad correspondiente; también por procrastinar sin causa una cabal educación ambiental constitucional.

Concomitantemente pareciera tan ridículo como criminal –cual gesta de Malvinas- obligar y exigir a nuestros nobles bomberos voluntarios que en estos términos y contextos, se jueguen su vida en un desperdicio absoluto de hidalguía en cada prevenible episodio ígneo, batallando en desigualdad de condiciones contra los fuegos que afectan a distintas geografías argentinas; ello no obstante cuantiosos fondos recaudados (¿y desviados?) por distintas instancias estatales, con supuesta afectación a fondos específicos de prevención, precaución y lucha contra dichos fuegos; pero fuegos de incendios eventuales y razonablemente imposibles de prever y contener; no aquellos provenientes de una ladina llamita o tizón ardiente que se enciende en cada negociado espurio de cada autorización o regulación impropia a que hicimos referencia.

Lo cierto es que, si bien todos estamos admirados, conmovidos y orgullosos de nuestros bomberos voluntarios, con eso, con medallas, diplomas y aplausos ¡no alcanza!; cuando de cinismo y de canalladas políticas ígneas, se trata.

Por último, toda conciencia de ciudadanía y de buen gobierno para un bien vivir como virtud cívica, debe motivar nuestras responsabilidades y deberes, tanto educativas, personales como gubernamentales y comunitarios. Esta, y no otra, es la mejor garantía de la consagración de los derechos, como emanación natural del entrecruzamiento de los deberes de todos. Ese es el horizonte de una civilización cooperativa de sujetos éticos para la cual, en este caso, la ley de humedales y toda otra necesaria o convergente –federalmente- no deben esperar, si en espíritu y en verdad queremos dejar atrás todo atisbo de ecocidio vernáculo.

Finalmente, solo con impotentes leyes provinciales de manejo del fuego, solamente con las normas nacionales números 26815 o 27604 y sus prohibiciones de hasta 60 años para predios incendiados desde su extinción; pero sin asegurar anticipación, prevención, coordinación interinstitucional y contención temprana suficiente; ¡No alcanzó!


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