Rutas federales en las provincias, desvío de fondos y abandono del gobierno nacional

La provincia de Río Negro se encuentra atravesada por una red de corredores viales de jurisdicción nacional, como las Rutas 3, 22, 40, 151, 251 y la estratégica RN 23 en nuestra querida Línea Sur, que articulan la conectividad territorial del norte patagónico. No obstante, el estado de esta infraestructura refleja una situación insostenible: proyectos estructurales inconclusos, abandono sistemático de tareas de conservación y tramos en estado de deterioro extremo o colapso casi total, como el que presenta la RN 151. Esta condición no configura una excepción regional, sino que sintetiza un patrón de desinversión en obra pública de alcance federal ejecutado por la actual administración nacional.

El problema adquiere una dimensión institucional crítica al examinar los mecanismos de financiamiento del sector. En virtud del Decreto 976/2001 y la Ley 23.966, existe el Sistema Vial Integrado que es un fideicomiso de afectación específica financiado mediante la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Legalmente, el 14,25% de esta alícuota debe destinarse de manera exclusiva al sostenimiento, desarrollo y conservación de la red vial nacional. O sea, cada vez que se para por cargar nafta, ese porcentual corresponde al inexcusable objetivo de mantener rutas.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional desvió aproximadamente 1,5 billones de pesos ($1.001.017.908.957) de este fondo para ser colocados a disposición de la cartera económica, según declaraciones públicas vertidas nada menos que por el propio vocero oficial Adrian Ravier. Este desvío de recursos con asignación específica hacia el sostenimiento del superávit fiscal expone la naturaleza frágil de dicho equilibrio macroeconómico. Lejos de constituir una consolidación fiscal genuina basada en eficiencia , el superávit reportado se sustenta en una subejecución presupuestaria discrecional, sumada al desmantelamiento de áreas estructurales como la salud pública, el sistema educativo y científico (CONICET, INTA, INTI), la cobertura prestacional para jubilados y personas con discapacidad y el recorte de salarios públicos.

Frente a este escenario, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz formalizó una correcta denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la colocación de estos fondos de afectación específica en instrumentos financieros, como Letras del Tesoro y plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina. Esta conducta pone en evidencia la subordinación de la seguridad vial y el desarrollo de la infraestructura federal a la especulación financiera de corto plazo. La consecuencia directa es la paralización de obras públicas licitadas con compromisos contractuales vigentes, degradando progresivamente la Red Vial Nacional y comprometiendo la prestación de un servicio público esencial.

En los hechos, la ciudadanía y los sectores productivos contribuyen tributariamente a través del consumo de combustible sin recibir la contraprestación legal correspondiente. En la Región Patagónica, y en Río Negro en particular, la gravedad del problema trasciende lo coyuntural: la ausencia de vías alternativas de transporte y las vastas distancias geográficas transforman a las rutas nacionales en arterias vitales para el flujo de la producción primaria, el abastecimiento de insumos, el turismo y la integración comunitaria.

En esta línea, el vicegobernador rionegrino, Pedro Pesatti, ha calificado la situación de los corredores nacionales como verdaderos «corredores de la muerte», denunciando la asimetría del esquema de coparticipación y tributación federal: “la Patagonia aporta hidrocarburos, gas, alimentos, minerales y energía eléctrica a la matriz nacional, pero recibe a cambio una infraestructura vial degradada”.

El desvío de recursos de la red vial nacional no representa únicamente un conflicto de naturaleza legal o presupuestaria, sino un problema estructural que erosiona el desarrollo federal. Es un tema, que más allá de las acciones tomadas por la diputada Tolosa Paz y las denuncias del vicegobernador Pesatti, debe involucrar institucionalmente a todos los gobernadores y preocupar a todos los habitantes del país.

*Exdiputado nacional (PJ), barilochense y patagónico.