Un crimen y pocas explicaciones desde la Justicia

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La respuesta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro al Pedido de Informes 1557/2025 presentado por el bloque Vamos con Todos en relación al crimen del joven Carlos Petrini Norambuena no constituye un mero acto administrativo, sino una definición política. La negativa a brindar información a la Legislatura, invocando un acuerdo institucional posterior a la solicitud legislativa que ni siquiera figura publicado en su propia página web y amparándose en una interpretación restrictiva de la materia jurisdiccional implica, en los hechos, clausurar un mecanismo constitucional de control democrático.

El argumento sostenido por el STJ, según el cual la Legislatura no puede requerir información vinculada al actuar jurisdiccional porque ello solo compete a las partes de un proceso, entra en contradicción con la Constitución de Río Negro vigente.

El artículo 139 inciso 5 establece con claridad que la Legislatura puede requerir a los Poderes Judicial y Ejecutivo los informes que considere necesarios conforme lo reglamente.

No se trata de una concesión discrecional sino de una atribución expresa, una herramienta de equilibrio entre poderes y un principio básico de la vida republicana.

La ley K 2216, junto con sus modificaciones posteriores, reglamenta esa facultad constitucional sin distinguir ni excluir al Poder Judicial.

Sus primeros artículos refieren a todos los pedidos de informes requeridos por la Legislatura según el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Provincial, fijando plazos, estableciendo procedimientos y definiendo responsabilidades.

Pretender que solo rige para la función administrativa del Ejecutivo constituye una reinterpretación funcional a quienes eligen no responder.

Desde el bloque Vamos con Todos sostenemos que no se discute una intromisión en un expediente ni una violación de la independencia judicial, sino el derecho del Poder Legislativo y, por extensión, de la ciudadanía, a conocer información institucional frente a un hecho de enorme gravedad pública.

La negativa del STJ no resguarda la independencia de poderes sino que consolida la opacidad y debilita los mecanismos de control democrático.

La invocación de un acuerdo institucional no publicado agrava aún más la situación.

Si una resolución interna del Poder Judicial puede utilizarse para bloquear un pedido de informes emanado de la Legislatura, el sistema de frenos y contrapesos queda reducido a una formalidad vacía y la transparencia deja de ser regla para convertirse en excepción discrecional.

En este contexto, advertimos, además, una preocupante naturalización de vínculos de cercanía entre sectores del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que erosionan la percepción de independencia institucional y alimentan la desconfianza pública.

La discusión excede un expediente y un caso puntual. Interpela la forma en que se concibe la relación entre los poderes del Estado y el lugar que ocupa el control ciudadano dentro del sistema democrático.

Una Legislatura que no puede pedir informes es una Legislatura debilitada.

Una Justicia que decide qué responde y qué no, amparándose en acuerdos no publicados, es una Justicia que se ubica por encima del escrutinio social.

El crimen de Carlos Petrini Norambuena exige respuestas institucionales claras y no murallas de formalismos.

La negativa del STJ no solo posterga información, sino que instala la idea de que existen zonas vedadas al control democrático.

En una provincia donde la Constitución y las leyes establecen lo contrario, esa postura implica una toma de posición que afecta la calidad de las instituciones y la confianza pública.

La transparencia no puede depender de decisiones internas ni de acuerdos desconocidos, porque la democracia se sostiene con información y con la voluntad efectiva de someter el poder a la luz pública.

* Legisladores provinciales José Luis Berros, Ayelén Spósito , Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao.