Otorgan prisión domiciliaria al acusado de la mayor estafa de la historia argentina

La decisión fue adoptada esta tarde por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 pero para que se haga efectiva deberá depositar una fianza de 450 millones de pesos.

El empresario Enrique Blaksley Señorans, apodado el «Madoff Argentino» y que está siendo juzgado como acusado de cometer la mayor estafa de la historia del país con más de 300 damnificados, fue beneficiado con una prisión domiciliaria. Aunque para que se haga efectiva deberá depositar una fianza de 450 millones de pesos.

La decisión fue adoptada esta tarde por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, el cual está a cargo del juicio que se le sigue de manera virtual al entonces presidente de la empresa Hope Found SA y a otras 16 personas, varios de ellos familiares suyos.

A pedido de la defensa de Blaksley, la semana pasada el fiscal del juicio, Abel Darío Córdoba, había avalado el arresto domiciliario del empresario, quien permanece detenido desde hace dos años y diez meses en el penal de Ezeiza, a solo dos meses que se cumpla el plazo máximo de prisión preventiva previstos por la ley.

De esta manera, el tribunal consideró que el «Madoff argentino» podrá continuar con la prisión en su domicilio mientras se sustancia el debate oral, que puede llegar a demorar varios meses por la cantidad de testigos que fueron propuestos por las partes.

Los jueces Néstor Costabel, Luciano Gorini y Ricardo Basílico ordenaron además otras medidas cautelares, como por ejemplo, fijar un domicilio donde continuará con su arresto, usar un dispositivo de monitoreo electrónico para evitar que pueda salir de su casa, la prohibición de salir del país, no acercarse a sus denunciantes y no obstaculizar el proceso.

Blaksley (55) y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio del año pasado por decisión de la jueza federal María Servini, quien consideró al empresario coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades en concurso ideal con captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública.


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