Otra multinacional en la mira

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De ser otras las circunstancias, sería razonable atribuir la embestida furibunda de la AFIP contra Procter & Gamble a que tenga buenos motivos para suponer que la empresa sí había procurado fugar divisas a firmas vinculadas en el exterior mediante malabarismos contables como sobrefacturar importaciones, además de evadir impuestos a las Ganancias, pero sucede que a esta altura pocos confían en la imparcialidad del organismo encabezado por Ricardo Echegaray. Si bien es de suponer que la multinacional, que está entre las más importantes del mundo con sucursales en casi dos centenares de países, ha aprovechado todos los resquicios de la ley para minimizar los costos, extrañaría que cometiera fraude en gran escala como dice la AFIP, la que, para castigarla, suspendió “preventivamente” sus actividades y pidió a la Justicia impedir que los ejecutivos salgan del país, ya que no sería de su interés correr tantos riesgos en medio de la guerra económica y diplomática que está librando el gobierno kirchnerista contra Estados Unidos. Parecería que, como en el caso de la imprenta Donnelly que, según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner perpetró un ataque “terrorista” contra el país al declararse en bancarrota, la multinacional Procter & Gamble está relacionada de algún modo con los “buitres” que, huelga decirlo, a través de los fondos de inversión, poseen acciones en muchísimas empresas norteamericanas y europeas, lo que, desde el punto de vista oficial, sería más que suficiente como para considerarla una especie de asociación ilícita delictiva. Las acusaciones muy fuertes de la AFIP contra Procter & Gamble sorprendieron no sólo por tratarse de una empresa gigantesca –entre las marcas que tiene están Gillette, Pampers, Duracell, Pantene y otras de consumo masivo–, sino también porque, de acuerdo común, había disfrutado de una muy buena relación con el gobierno kirchnerista, con el que ha colaborado plegándose a iniciativas como Precios Cuidados. En principio, tales detalles no deberían tener ningún significado si surge evidencia de que una empresa determinada ha llevado a cabo maniobras ilegales, pero nadie ignora que, en la Argentina, factores políticos y personales de dicho tipo suelen resultar decisivos. Por cierto, no es ningún secreto que el gobierno de Cristina se ha acostumbrado a distinguir entre los empresarios amigos y quienes no lo son, ayudando a éstos a enriquecerse en tiempo récord y haciéndoles la vida imposible a aquéllos. Sería positivo que los esfuerzos de los empresarios por congraciarse con el poder político siempre resultaran tan inútiles como, según parece, han sido los de Procter & Gamble, pero no hay demasiadas razones para creer que el gobierno kirchnerista haya optado por dejar de discriminar entre unos y otros conforme a sus propios criterios. Según la AFIP, la sobrefacturación se dio al incluir en productos importados las regalías y otros “gastos intercompanies de publicidad y administración” que, en opinión de la empresa, serán legítimos. Sea como fuere, la voluntad de la AFIP –siempre y cuando Echegaray no haya decidido hacer alarde de su propio poder, de Cristina y del ministro de Economía, Axel Kicillof– de poner a Procter & Gamble contra la pared no contribuirá a hacer más respirable el clima de negocios local ni a mejorar la relación tirante con Estados Unidos. Por el contrario, intensificará todavía más el malestar que sienten los muchos empresarios, tanto nacionales como internacionales, que temen que el gobierno haya elegido hacer de ellos los chivos expiatorios por las desgracias económicas y sociales que siguen multiplicándose y que, para enseñarle al presidente estadounidense Barack Obama que le convendría apoyar a Cristina en su cruzada contra “los buitres”, haya optado por ensañarse con las empresas de origen norteamericano radicadas en la Argentina. Aunque tal estrategia merecería la aprobación entusiasta de los militantes oficialistas y también de ciertas franjas de la izquierda, resultaría contraproducente si, a causa de ella, bienes populares, como los producidos y comercializados por Procter & Gamble, comenzaran a desaparecer de los supermercados, lo que no tardará en suceder si la empresa se ve obligada a suspender definitivamente sus operaciones en el país.

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