Otra ofensiva

La ciudadanía seguirá dando por descontado que una alta proporción de la elite está integrada por evasores.

Como siempre sucede cuando un nuevo gobierno está comenzando a encontrar su ritmo, el encabezado por el presidente Fernando de la Rúa ha desatado una ofensiva bien publicitada contra la evasión fiscal con la esperanza de que, por fin, consiga reducir las pérdidas a un nivel aceptable. Por razones evidentes, las autoridades quieren que el impacto de sus esfuerzos sea sumamente fuerte, de ahí la participación de más de seis mil inspectores impositivos que, entre otras cosas, han estado dedicándose a hurgar en las cuentas de negocios comerciales prestigiosos, algunos de los cuales ya han sido cerrados, ubicados en el centro de la Capital Federal y otros lugares muy visibles. Asimismo, los voceros oficiales no han demorado la difusión de datos destinados a informar que, luego de inspeccionar algunas empresas, ya se han detectado casos de evasión previsional por un monto total superior a los 30.000.000 de pesos. Puede que hayan exagerado las dimensiones de lo cosechado y, de todos modos, la Justicia tendrá que distinguir entre los evasores indiscutibles y los meramente sospechosos de no cumplir con todos sus aportes, pero durante la primera etapa lo que más preocupa a las autoridades no son las cifras exactas, sino el efecto psicológico de sus presuntos logros.

En el pasado, estos operativos espectaculares encaminados a convencer a los ciudadanos de que por primera vez el gobierno está realmente resuelto a luchar contra la evasión, y que por lo tanto les convendría poner sus asuntos en orden, sólo han funcionado a medias. Aunque es de suponer que la «cultura impositiva» nacional ha mejorado bastante a partir de la puesta en marcha del plan de convertibilidad, el que al terminar con el caos inflacionario sirvió no sólo para simplificar la contabilidad sino también para enseñar a los gobernantes que el balance de su gestión económica dependería en buena medida de los impuestos cobrados, en comparación con los países avanzados la Argentina sigue atrasada en esta materia fundamental. No es meramente cuestión de la calidad deficiente del sector público, en el que los funcionarios raramente poseen la clase de formación que sería imprescindible en Francia o en el Japón, también lo es que la evasión está tan difundida que el gobierno no puede contar con el apoyo activo del grueso de la población. A pesar de todo lo sucedido en los años últimos, la idea de que existe un vínculo directo entre los impuestos y «la solidaridad» sigue considerándose un tanto exótica, acaso porque los enemigos del «modelo», sobre todo los obispos, sean reacios a señalar que la extrema desigualdad se debe menos al «liberalismo» de por sí que al egoísmo de la parte más acomodada de la sociedad.

Además, la conciencia de que ofensivas anteriores contra «ricos y famosos», lo mismo que las llevadas a cabo con «el peine informático» y otras armas electrónicas, no han brindado los resultados prometidos ha supuesto que la mayoría se sentiría sorprendida si la impulsada por el gobierno aliancista fuera mucho más exitosa. Superar este escepticismo para que todos salvo los delincuentes comprendan que les sería tan estúpido tratar de evadir los impuestos como les sería intentar apoderarse de la billetera de un peatón en una calle urbana constituye una de las asignaturas pendientes que tendrá que aprobar el gobierno. Por desgracia, no le será dado lograrlo a menos que se multiplique la cantidad de detenidos por delitos económicos tradicionalmente considerados anecdóticos, porque los operativos impositivos continuarán arrojando frutos decepcionantes hasta que varios centenares de evasores, incluyendo a algunos personajes notorios, incluyendo, por preferencia, a simpatizantes conocidos de la coalición gobernante, estén entre rejas. Mientras ello no ocurra, la ciudadanía, enterada de que la evasión le cuesta al Estado por lo menos 20.000 millones de pesos por año, monto que de recaudarse sería más que suficiente como para convertir del déficit presupuestario en un superávit notable, continuará dando por descontado que una proporción importante de la elite económica está conformada por evasores.


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