¿Otra vez la obsesión con las tarifas?

Alberto Fernández ¿Está cediendo a la presión de los sectores más radicalizados de la coalición? ¿Se están imponiendo los criterios de la vicepresidenta, la sibila a la que todo consulta?

Según estiman los analistas, el aumento a los jubilados representa un ahorro fiscal de alrededor de $10.000 millones en un trimestre, además de un recorte significativo en los haberes superiores a la mínima respecto de la suspendida ley de movilidad. El presidente Fernández todavía peleaba contra estas verdades cuando se encontró con la propuesta de su ministro de Trabajo de subir la edad jubilatoria y con las declaraciones de su jefe de Gabinete y su ministro de Transporte sobre un próximo aumento en las tarifas. Imaginen qué hubiera hecho en una situación parecida Néstor Kirchner.

La cuestión de las tarifas ha sido una obsesión casi patológica del kirchnerismo. Que lo diga Roberto Lavagna, cuando anticipó en un viaje a París un aumento para el agua, en manos de la francesa Suez en el lejano 2005. Tuvo que dejar el gobierno ese mismo año por múltiples razones que incluían ese episodio y sus denuncias sobre corrupción en el ministerio de Julio De Vido, hoy con prisión domiciliaria con tobillera electrónica en una causa por… corrupción. También sufrió escarnio Daniel Scioli cuando opinó alguna vez sobre el congelamiento de los servicios. Más cerca en el tiempo, la etapa de la llamada “sintonía fina”, en el segundo mandato de Cristina Kirchner, contemplaba la reducción gradual de los subsidios a las empresas de servicios públicos por la vía del aumento de tarifas. No hubo convicción para avanzar y el programa fue un fracaso.

El presidente no contempla hasta donde se sabe una solución drástica con Santiago Cafiero. Alcanzó con su desautorización pública, el viernes durante una entrevista por radio. Para eso están los ministros finalmente, como admiten con resignación en la jefatura de Gabinete. También allí dicen que los equipos técnicos están efectivamente evaluando distintos escenarios de actualización tarifaria para mitad de año, cuando se cumplan los 180 días de congelamiento dispuesto por ley. Ya lo había anticipado el ministro de Producción Matías Kulfas a la misión del Fondo Monetario. A menos que Fernández desestime el riesgo de incubar un nuevo retraso en las tarifas, que ha sido la madre de todos los males de la economía kirchnerista.

¿O está, en cambio, el presidente apoderándose del discurso duro para neutralizar la presión interna y administrar su uso a conveniencia?Todas son incógnitas.

La preocupación del presidente es sin embargo “llevar tranquilidad a la gente”. Fernández quiere consolidar la tendencia de desaceleración de la inflación (la expectativa es que febrero vuelva a estar cerca del 2%) y los pilares son el congelamiento de las tarifas, los Precios Cuidados, el freno a las subas en combustibles -lo enfatizó especialmente- la desindexación del gasto social, incluidas las jubilaciones, y el control de la discusión salarial. La dosis necesaria de heterodoxia y ortodoxia, como dijo no hace mucho Lavagna -ya casi un hombre de Fernández- sobre el ministro Martín Guzmán.

La enmienda sobre la cuestión tarifas confirma un ejercicio que hemos visto hacer al presidente en las últimas semanas. Fernández a ido abandonando un discurso de equilibrio por otro ligeramente más duro. Ocurrió cuando convalidó las críticas de la vicepresidenta al FMI por su responsabilidad en la situación de la Argentina y consideró “pertinente” su reclamo de una “quita” de la deuda en un momento de sintonía plena con el organismo, como ha quedado inequívocamente demostrado. También cuando desde su cuenta de Twitter denunció “graves violaciones a los derechos humanos” y “la vulneración sistemática del estado de derecho” durante el gobierno de Mauricio Macri, en el contexto de la controversia en el Frente de Todos sobre la caracterización de los presos por causas de corrupción. Fernández subió el tono de su denuncia en base a la teoría del “lawfare” judicial y cuestionó la legitimidad democrática del gobierno de Macri.

¿Está el presidente cediendo a la presión de los sectores más radicalizados de la coalición? ¿Se están imponiendo los criterios de la vicepresidenta, la sibila a la que todo consulta? ¿O está en cambio el presidente apoderándose del discurso duro para neutralizar la presión interna y administrar su uso a conveniencia? Todas son incógnitas.