Palabras prohibidas
Tienen razón dirigentes opositores como el peronista bonaerense Sergio Massa cuando dicen que el gobierno debería tomar medidas para frenar la inflación, pero también la tiene el ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando da a entender que la oposición no quiere discutir “seriamente” el problema. Si bien ya es rutinario que voceros de las distintas agrupaciones opositoras se mofen de la resistencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, incluyendo al ministro de Economía Axel Kicillof y al jefe de Gabinete Jorge Capitanich, a pronunciar en público la palabra inflación, ya que los kirchneristas se han acostumbrado a reemplazarla por eufemismos, sus adversarios prefieren callarse cuando alguien les pide sugerencias sobre la mejor forma de combatir el mal. Es como si creyeran que sería suficiente que Cristina o Capitanich dijeran que ellos también saben que se trata de un asunto sumamente grave y por lo tanto están dispuestos a intentar solucionarlo. En el contexto político nacional, el temor de los dirigentes opositores a aludir a lo que a su juicio será forzoso hacer para librarnos de la amenaza planteada por la inflación es comprensible. Todos los programas antiinflacionarios conocidos acarrean ajustes, pero sucede que, luego de décadas de prédica populista, muchos han conseguido convencerse de que los únicos que podrían estar listos para emprender un ajuste son “neoliberales” desalmados que fantasean con hambrear al pueblo. La actitud así supuesta se consolidó cuando gobernaban el país los militares. En aquel entonces los políticos “civiles” adquirieron el hábito de acusarlos de haber provocado todos los problemas económicos, comprometiéndose a hacer todo al revés para que el pueblo recuperara la prosperidad perdida. Es lo que en efecto hizo el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, de ahí la hiperinflación que terminó destruyéndolo. Parecería, pues, que virtualmente todos los integrantes de la clase política nacional toman la inflación por un problema que tiene más que ver con la ética que con la economía. A juzgar por lo que dicen, les indigna más la negativa oficial a hablar del tema o, en el caso de exfuncionarios como Guillermo Moreno, afirmar que sólo existe en la imaginación de políticos opositores y periodistas venales, que el hecho de que en la Argentina la tasa de inflación esté entre las más altas del mundo civilizado, superada sólo por la de la Venezuela chavista, y que, debido a la decisión oficial de tratar de convivir con el fenómeno por suponer que enfrentarlo le costaría muchos votos, está destinada a tener consecuencias devastadoras para millones de personas. Por desgracia, ya es demasiado tarde como para impedir que en los meses próximos caiga el poder adquisitivo del grueso de la población. ¿Cómo reaccionarán los más perjudicados? Se trata de una pregunta que tiene en vilo a muchos intendentes del conurbano bonaerense y gobernadores provinciales que, alarmados por los saqueos que se produjeron hace poco en una zona pobre del Gran Rosario, temen lo peor. Como en tantas ocasiones en el pasado, el gobierno espera que un pacto corporativo entre empresarios y sindicalistas sirva para que los precios dejen de aumentar al ritmo preocupante que alcanzaron en los meses últimos. Aunque la larga experiencia nacional en la materia debería advertirles que los acuerdos que se han propuesto sólo podrían brindar resultados pasajeros, representantes de los sectores corporativos convocados por el gobierno participarán de las charlas porque les brindarán una oportunidad para disfrutar de algunos días de protagonismo mediático. Para que las sesiones bien publicitadas lo ayudaran, empero, sería necesario que el gobierno aprovechara la ilusión voluntarista resultante para tomar medidas encaminadas a reducir drásticamente el gasto público y desmantelar el enmarañado sistema de subsidios que ha creado. Puede que Capitanich tenga en mente una estrategia de tal tipo, que suponga que la eventual participación de empresarios y sindicalistas notorios en las sesiones previstas le permita repartir las responsabilidades para que el gobierno nacional no pague todos los costos políticos del ajuste que, según parece, ya se ha iniciado y que no podrá sino profundizarse mucho en las semanas venideras.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 6 de diciembre de 2013
Tienen razón dirigentes opositores como el peronista bonaerense Sergio Massa cuando dicen que el gobierno debería tomar medidas para frenar la inflación, pero también la tiene el ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando da a entender que la oposición no quiere discutir “seriamente” el problema. Si bien ya es rutinario que voceros de las distintas agrupaciones opositoras se mofen de la resistencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, incluyendo al ministro de Economía Axel Kicillof y al jefe de Gabinete Jorge Capitanich, a pronunciar en público la palabra inflación, ya que los kirchneristas se han acostumbrado a reemplazarla por eufemismos, sus adversarios prefieren callarse cuando alguien les pide sugerencias sobre la mejor forma de combatir el mal. Es como si creyeran que sería suficiente que Cristina o Capitanich dijeran que ellos también saben que se trata de un asunto sumamente grave y por lo tanto están dispuestos a intentar solucionarlo. En el contexto político nacional, el temor de los dirigentes opositores a aludir a lo que a su juicio será forzoso hacer para librarnos de la amenaza planteada por la inflación es comprensible. Todos los programas antiinflacionarios conocidos acarrean ajustes, pero sucede que, luego de décadas de prédica populista, muchos han conseguido convencerse de que los únicos que podrían estar listos para emprender un ajuste son “neoliberales” desalmados que fantasean con hambrear al pueblo. La actitud así supuesta se consolidó cuando gobernaban el país los militares. En aquel entonces los políticos “civiles” adquirieron el hábito de acusarlos de haber provocado todos los problemas económicos, comprometiéndose a hacer todo al revés para que el pueblo recuperara la prosperidad perdida. Es lo que en efecto hizo el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, de ahí la hiperinflación que terminó destruyéndolo. Parecería, pues, que virtualmente todos los integrantes de la clase política nacional toman la inflación por un problema que tiene más que ver con la ética que con la economía. A juzgar por lo que dicen, les indigna más la negativa oficial a hablar del tema o, en el caso de exfuncionarios como Guillermo Moreno, afirmar que sólo existe en la imaginación de políticos opositores y periodistas venales, que el hecho de que en la Argentina la tasa de inflación esté entre las más altas del mundo civilizado, superada sólo por la de la Venezuela chavista, y que, debido a la decisión oficial de tratar de convivir con el fenómeno por suponer que enfrentarlo le costaría muchos votos, está destinada a tener consecuencias devastadoras para millones de personas. Por desgracia, ya es demasiado tarde como para impedir que en los meses próximos caiga el poder adquisitivo del grueso de la población. ¿Cómo reaccionarán los más perjudicados? Se trata de una pregunta que tiene en vilo a muchos intendentes del conurbano bonaerense y gobernadores provinciales que, alarmados por los saqueos que se produjeron hace poco en una zona pobre del Gran Rosario, temen lo peor. Como en tantas ocasiones en el pasado, el gobierno espera que un pacto corporativo entre empresarios y sindicalistas sirva para que los precios dejen de aumentar al ritmo preocupante que alcanzaron en los meses últimos. Aunque la larga experiencia nacional en la materia debería advertirles que los acuerdos que se han propuesto sólo podrían brindar resultados pasajeros, representantes de los sectores corporativos convocados por el gobierno participarán de las charlas porque les brindarán una oportunidad para disfrutar de algunos días de protagonismo mediático. Para que las sesiones bien publicitadas lo ayudaran, empero, sería necesario que el gobierno aprovechara la ilusión voluntarista resultante para tomar medidas encaminadas a reducir drásticamente el gasto público y desmantelar el enmarañado sistema de subsidios que ha creado. Puede que Capitanich tenga en mente una estrategia de tal tipo, que suponga que la eventual participación de empresarios y sindicalistas notorios en las sesiones previstas le permita repartir las responsabilidades para que el gobierno nacional no pague todos los costos políticos del ajuste que, según parece, ya se ha iniciado y que no podrá sino profundizarse mucho en las semanas venideras.
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