Paraguas abiertos

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Exageraba mucho el ministro del Interior, Jorge Matzkin, cuando afirmó que las denuncias preventivas de fraude electoral que formularon diversos candidatos constituyen «el peor discurso de campaña» que ha oído en sus cuarenta años de vida pública. Por desgracia, en el período señalado por Matzkin candidatos de su propio partido, entre ellos el actual presidente interino, y otros de actitudes similares han pronunciado centenares de discursos de barricada que fueron decididamente más escandalosos que cualquiera que se haya pronunciado en el curso de los meses últimos. Con todo, puede entenderse el enojo del funcionario. Aunque el presidente Eduardo Duhalde quisiera modificar el resultado con el propósito de ayudar a su representante, Néstor Kirchner, no le sería nada fácil hacerlo debido a la presencia de los partidarios de candidatos rivales y también, tal vez, de observadores de las Naciones Unidas. Frente a esta realidad, ha optado por tratar de figurar como el paladín máximo de las instituciones democráticas, papel que, se supone, podría resultarle beneficioso en el futuro.

Sin embargo, el que por ahora al menos existan buenas razones para prever que las elecciones serán limpias no significa que la campaña electoral como tal lo haya sido también. Por el contrario, además de participar de forma poco transparente en la interna peronista, el gobierno «de transición» – y por lo tanto supuestamente neutral – ha violado el espíritu, cuando no la letra, de las reglas democráticas de manera descarada, aprovechando su control de los recursos públicos para favorecer a Kirchner. Para colmo, llegó al extremo grotesco de ordenar una especie de salariazo con la intención apenas disimulada de comprar los votos de los incautos, mostrando de este modo su voluntad de poner la economía nacional al servicio de sus esfuerzos proselitistas.

Con todo, a pesar de abusos de este tipo que, huelga decirlo, ya son tradicionales en nuestro país, convendría que todos aceptaran que es más que probable que los resultados anunciados después del conteo correspondan a los votos efectivamente depositados para que, luego de un intervalo de casi un año y medio, el país por fin tenga un gobierno cuya legitimidad constitucional sea indiscutible. Siempre y cuando no se produzcan motivos evidentes para suponer que el gobierno encabezado por Duhalde se ha propuesto llevar a cabo una estafa en gran escala, sería mejor seguir permitiéndole el beneficio de la duda. Después de todo, desde que el gobierno de Fernando de la Rúa cayó de resultas de disturbios protagonizados por agitadores duhaldistas, el país ha convivido con el peligro de que sectores importantes tomaran por naturales los «golpes civiles» y, lo que hubiera sido peor aún, el de acostumbrarse al reemplazo de las instituciones propias de la democracia necesariamente indirecta por el poder de la calle. Por fortuna, el abismo así supuesto pareció lo bastante alarmante como para convencer a la mayoría de la ciudadanía de que, por imperfectas que hayan sido las instituciones existentes, las alternativas que algunos plantearon a inicios del año pasado habrían sido incomparablemente peores.

Por ser tan escasas las diferencias entre los cinco candidatos que aún cuentan con esperanzas de triunfar, un puñado de votos podría resultar decisivo, de modo que si el 27 de abril realmente se dan motivos para creer que alguien ha intentado emular al peronista Luis Barrionuevo apoderándose de algunas urnas, el país se vería frente a una crisis sumamente grave. Al vaticinar ya que sí podría haber fraude, ciertos candidatos parecen estar preparándose de antemano para negarse a reconocer los resultados en el caso de que les sean desfavorables, es de suponer con el propósito de aprovechar la incertidumbre resultante para movilizar a sus adherentes a fin de intentar reeditar los disturbios callejeros que terminaron socavando al gobierno de De la Rúa. Se trata de un juego sumamente arriesgado. A menos que la gestión del próximo presidente se base en un triunfo electoral acaso agónico pero así y todo claramente legítimo, el país se condenaría a años más de semidemocracia caracterizada por el predominio de sujetos sin escrúpulos que hacen de la amenaza de provocar escenas de violencia su arma política fundamental.