Paraíso cerrado
Todo límite a la inmigración causa tragedias, pero aceptar el libre movimiento de todos no está en los planes de nadie.
Los gobiernos de los países relativamente prósperos -uno de los cuales, créase o no, es la Argentina- se ven frente a un dilema sumamente desagradable: si tratan de controlar la inmigración, contribuirán a causar la muerte de muchos inocentes cuyo único «crimen» es querer vivir en una sociedad que les brinde esperanza; si abren sus fronteras serán acusados por sus compatriotas de permitir una «invasión» de hambrientos y ladrones que ponga en peligro su propio bienestar. Es que, como acaba de recordarnos de manera horrorosa la muerte por asfixia de 58 ciudadanos chinos en un «container» que había llegado al puerto británico de Dover, abundan los habitantes de países pobres que están dispuestos a hacer virtualmente cualquier cosa para trasladarse a un país desarrollado, pero también propende a intensificarse la voluntad de quienes ya están a salvo de cerrarles el camino. No es la primera ocasión en que muchos han muerto intentando sortear los controles fronterizos de los países de la Unión Europea: todos los días se informa de marroquíes ahogados ante las costas de España, de albaneses que comparten su destino cerca de Italia, o de asiáticos encontrados muertos en camiones que transitan por las rutas de Europa central. Tampoco será la última: por grandes que sean las barreras que erijan europeos o estadounidenses, australianos o argentinos, serán cada vez más los resueltos a buscar una vida mejor en un país más rico que el suyo.
Aunque los problemas planteados por la inmigración ilegal o si se prefiere extralegal, a la Argentina no sólo de nativos de los países limítrofes sino también de partes de Asia aún no son muy graves si los comparamos con los surgidos en Europa, ya se han producido reacciones adversas por quienes señalan -con razón- que el país no está en condiciones de dar una bienvenida a todos aquellos que, en teoría por lo menos, podrían querer inmigrar. Si bien tales actitudes han sido criticadas con severidad, por ahora nadie ha propuesto que los controles sean eliminados por completo. Lo mismo que muchos europeos y estadounidenses, los bienintencionados dan por descontado que hay que distinguir entre los inmigrantes legales y los «indocumentados», sin por eso dejar de protestar contra la persecución a quienes no tienen sus papeles en regla, lo cual es una manera de insinuar que sería mejor permitir que todos entraran. La ambigüedad así supuesta puede entenderse: toda limitación al ingreso causa muchas tragedias personales, pero la alternativa, la de aceptar el libre movimiento de todos, no está en los planes de nadie.
Tampoco sirven para mucho las estrategias que se han ideado para frenar las corrientes migratorias. Si los países pobres emprenden un proceso de crecimiento rápido, como en efecto ha hecho China, una de las consecuencias inmediatas es que personas antes resignadas a su suerte ven ampliados sus horizontes y muchas dispondrán del dinero suficiente como para pagar los costos, que suelen ser sumamente altos, de un viaje clandestino a Europa occidental o un país de América. Otra táctica consiste en hacer más severos los controles, pero el resultado es que los mejor preparados tienen menos dificultades que el resto de sus compatriotas, lo cual significa que muchos países pobres están experimentando una fuga de cerebros de connotaciones catastróficas. Para la Argentina, el peligro así planteado es evidente: por ser un país en el que muchos son hijos o nietos de inmigrantes europeos, una proporción significante de nuestra población ya tiene pleno derecho a trasladarse a Europa, mientras que otros, siempre y cuando alcancen un nivel educativo adecuado, podrán emularla con facilidad. Tenemos que hacer frente tanto a la inmigración escasamente controlada, un problema típico de los países avanzados, como a la emigración de los más capaces, un desastre propio de los subdesarrollados. Para colmo, ni aquí ni en ninguna otra parte nunca será posible alcanzar un consenso en torno del fenómeno de la migración porque los intereses de los involucrados, trátese de los ya residentes en un país considerado próspero o de los deseosos de sumarse a ellos, son claramente incompatibles.
Los gobiernos de los países relativamente prósperos -uno de los cuales, créase o no, es la Argentina- se ven frente a un dilema sumamente desagradable: si tratan de controlar la inmigración, contribuirán a causar la muerte de muchos inocentes cuyo único "crimen" es querer vivir en una sociedad que les brinde esperanza; si abren sus fronteras serán acusados por sus compatriotas de permitir una "invasión" de hambrientos y ladrones que ponga en peligro su propio bienestar. Es que, como acaba de recordarnos de manera horrorosa la muerte por asfixia de 58 ciudadanos chinos en un "container" que había llegado al puerto británico de Dover, abundan los habitantes de países pobres que están dispuestos a hacer virtualmente cualquier cosa para trasladarse a un país desarrollado, pero también propende a intensificarse la voluntad de quienes ya están a salvo de cerrarles el camino. No es la primera ocasión en que muchos han muerto intentando sortear los controles fronterizos de los países de la Unión Europea: todos los días se informa de marroquíes ahogados ante las costas de España, de albaneses que comparten su destino cerca de Italia, o de asiáticos encontrados muertos en camiones que transitan por las rutas de Europa central. Tampoco será la última: por grandes que sean las barreras que erijan europeos o estadounidenses, australianos o argentinos, serán cada vez más los resueltos a buscar una vida mejor en un país más rico que el suyo.
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