Pasividad cómplice

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Cuando voceros oficiales como el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, insisten en que el bloqueo que sufrieron los matutinos porteños “La Nación” y “Clarín” el fin de semana pasado fue obra exclusiva de un grupo de militantes sindicales y que por lo tanto nada tuvo que ver con la libertad de expresión, pasan por alto el hecho indiscutible de que es deber del gobierno hacer cumplir las leyes, entre ellas las que prevén penas de hasta dos años de cárcel al que “impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico”. Quienes impulsaron tales leyes entendían que eran necesarias para defender un derecho fundamental, el de poder expresarse libremente, contra los resueltos a pisotearlo, pero parecería que funcionarios como Tomada y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, creen que debería subordinarse a otros, de ahí la negativa oficial a ordenar a la policía poner fin al bloqueo, lo que pudo haber hecho sin dificultad ya que los responsables de impedir la distribución de la edición dominical de “Clarín” y estorbar la de “La Nación” no superaron el medio centenar de personas. Al limitarse a mirar para otro lado, como si se tratara de una pequeña manifestación vecinal, el gobierno envió varios mensajes al resto del país. Además de informarle que a su juicio la libertad de expresión carece de importancia, sobre todo si el medio censurado no es del agrado de la presidenta, aseguró a las bandas de autoritarios de mentalidad más fascista que progresista que cuentan con la aprobación y, en algunos casos, con el apoyo activo de funcionarios gubernamentales, que pueden atacar con impunidad a quienes piensan distinto. Puede comprenderse, pues, la alarma que sienten quienes temen que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, envalentonada por los resultados más recientes de las encuestas de opinión según los cuales el nivel de popularidad que ostenta ha subido últimamente, haya decidido emprender una ofensiva violenta contra aquellos medios que no la respaldan con el fervor obsecuente que es típico del “periodismo militante” que fue reivindicado por el encargado de Télam, la agencia de noticias supuestamente pública que se ha visto apropiada por kirchneristas exaltados. No exageran los que califican lo ocurrido el domingo pasado en la Capital Federal como el zarpazo autoritario más peligroso que se ha efectuado contra la libertad de expresión desde que el país se reencontró con la democracia a finales de 1983, pero a menos que el gobierno modifique radicalmente su postura muy pronto, podría tratarse de algo peor: del inicio de un giro violento hacia una variante local del fascismo. Para que ocurriera un desastre tan grave no sería necesario que el gobierno se pusiera a conculcar abiertamente los derechos ciudadanos. Sería suficiente que dejara actuar a grupos de “militantes populares”, o sea, a los equivalentes de las camisas negras de Benito Mussolini y las pardas de Adolf Hitler, negándose a levantar un dedo para reprimirlos so pretexto de que a su juicio el derecho a protestar debería anteponerse al derecho a informar y opinar. Algunos simpatizantes del “proyecto” kirchnerista, conscientes de que pueden operar con impunidad, ya se han puesto a hostigar a periodistas conocidos por lo que dijeron, o no dijeron, treinta años atrás. Mientras tanto, integrantes del sindicato del aliado principal del gobierno, el camionero Hugo Moyano, han amenazado con movilizar a “10.000 ó 20.000 trabajadores” para bloquear a cualquier medio que publicara información que podría ocasionarle inconvenientes a su jefe. Aunque el secretario general de la CGT niega haber estado detrás del bloqueo de “Clarín” y “La Nación”, entre los sujetos que obstruían el acceso a la planta distribuidora hubo camioneros que vociferaban las consignas ya habituales sobre “el quilombo” que serían capaces de armar en el caso de que la Justicia se animara a avanzar en la investigación de los negocios que se le atribuyen. De todos modos, parecería que el país se ha acercado a una encrucijada. Si la presidenta Cristina decide que no es de su interés permitir que el gobierno que encabeza degenere en una especie de dictadura consentida por el 40% o más de la población, tendrá que disciplinar a sus partidarios más autoritarios. Caso contrario, a la Argentina le aguardarán meses, tal vez años, de decadencia cultural e institucional.