Piden a Nación que Campo Maripe sea incluido en el relevamiento de tierras indígenas

El defensor federal de Neuquén impugnó el convenio específico. Dijo que era "un acto de absoluta arbitrariedad" la exclusión de la comunidad mapuche.

Los integrantes de la comunidad Campo Maripe le pidieron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que los incluya en el relevamiento territorial previsto en la ley 26.160. El defensor federal, Pablo Matkovic, presentó una impugnación al convenio en el que planteó que “no existe ningún fundamento legal” para que sean excluidos.

La ley, sancionada en 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país por un plazo que se fue extendiendo. La última prórroga vence el 23 de noviembre de 2021. Hasta tanto no concluya el revelamiento se suspenden los desalojos.

El objetivo es identificar las tierras ocupadas por las comunidades a lo largo del territorio nacional. La mayoría no cuentan con un reconocimiento legal acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional, y eso deriva en una “desposesión histórica”.

El gobernador, Omar Gutiérrez, anunció en junio pasado que la provincia envió a Nación el convenio de co-ejecución del relevamiento territorial con el INAI y que comprendía comunidades con asiento en los departamentos Aluminé, Catan Lil, Collon Curá, Confluencia, Huiliches, Lácar, Los Lagos, Ñorquín, Picún Leufú, Picunches y Zapala.

Matkovic, en carácter de apoderado de Campo Maripe, impugnó este convenio. Dijo que la omisión de incluir a la comunidad es “un acto de absoluta arbitrariedad”. También observó que se “ha suprimido la participación en el Equipo Técnico Operativo de los cinco lonkos de las distintas regiones.” “Esto presenta una sustancial diferencia de lo acordado entre el INAI y la provincia de Neuquén en el convenio marco suscrito el 22 de junio de 2012, donde el Equipo Técnico Operativo estaba integrado por los Consejo de Participación Indígena y por los lonkos zonales”, afirmó el defensor en su presentación.

Por último pidió que previo a la firma del convenio se requiera la opinión de los integrantes del Consejo de Participación Indígena, así como de los representantes de Campo Maripe. El INAI respondió que el proyecto impugnado: “se encuentra en etapa de revisión y corrección, no siendo a la fecha culminado en su texto, ni iniciadas las actuaciones administrativas a tal fin.”

Esta discusión sobre el relevamiento se revitalizó este año cuando seis integrantes de la comunidad Campo Maripe, asentada en Añelo, una localidad de gran potencial hidrocarburífero, fueron juzgados por usurpación. Tras el debate oral resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. El máximo tribunal provincial confirmó esta decisión. Uno de los argumentos centrales de la defensa era que estos conflictos no debían judicializarse, ya que aún estaba pendiente el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las tierras.

En números

2021
es el año en el que debería finalizar el relevamiento territorial a las comunidades indígenas, según la última prórroga.

*Mario Rojas

Hace 13 años se sancionó la ley de relevamiento indígena que ofició de paño frío para aplacar la temperatura de desalojos en la zona norte del país. La misma ley, para dejar contentos a propios y extraños, estableció una telaraña de comisiones. Los políticos le habían dado un antipirético y lo vendieron como la vacuna. No es la primera vez que sancionan una ley que la misma burocracia hace fracasar.

De las 1.500 comunidades solo se han empadronado alrededor de 500 en el país. En Neuquén, hay 33 reconocidas por Provincia, 14 por Nación y sólo 3 por los dos. Al extinto Horacio Pechi Quiroga le copio una de sus frases para titular esta columna.


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