Piden declarar la inconstitucionalidad de los operativos de seguridad
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de esta ciudad ampliaron la acción de amparo presentada días atrás, y pidieron que se declare la inconstitucionalidad de los operativos conjuntos de seguridad dispuestos tras el asesinato del remisero Nestor Cid.
La Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, la APDH y el equipo Patagónico de DDHH reclamaron el retiro de las fuerzas federales y «el grupo de ataque BORA» y solicitaron el fin de las medidas discriminatorias que implicaron «una estigmatización de los sectores pobres».
En la presentación formalizada ante el juzgado federal que conduce Leónidas Moldes, advirtieron que «no se siguieron los procedimientos previstos por la ley para llevar a cabo la intervención» de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.
Al respecto, recordaron que tal medida sólo puede adoptarse cuando está en juego el orden constitucional, cuando hay una situación de desastre o si existe peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. «Tres situaciones que de ninguna manera ocurrieron en Bariloche» aseguraron.
En el análisis pormenorizado de cada una de estas condiciones las ongs se solidarizaron con las familias que sufrieron la pérdida de «un ser querido», pero aclararon que los casos detonantes de la «sensación de inseguridad» fueron «hechos aislados contra particulares».
«Conforme a las estadísticas no hubo un incremento dramático del delito, no existen bandas armadas que asolen los caminos o los barrios, no hay 'zonas liberada', ni se ha demostrado que existan estructuras mafiosas con poder suficiente para poner en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas» sostuvieron.
También consideraron que el diagnóstico realizado po las autoridades municipales para dictar la emergencia fue «por lo menos inexacto, apresurado y aventurado» y que «degeneró» en «decisiones erróneas de cuestionada legitimidad que arrastraron a nuevos desaciertos» de provincia y Nación.
Los denunciantes contrastaron la inconsistencia de esta decisión con la ocurrencia de verdaderos desastres naturales en la historia de la provincia que hubieran merecido la intervención de las fuerzas federales pero nadie lo solicitó.
Las organizaciones consideraron que el caso deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
