Piden la captura del abogado Galiano de Viedma
No se presentó a la audiencia por estafas y los jueces determinaron la rebeldía.
El abogado viedmense Ignacio Galiano envuelto nuevamente en estafas. Foto: Marcelo Ochoa
La Justicia de Río Negro pidió la captura del abogado viedmense Ignacio Galiano por no presentarse a la audiencia virtual por estafas con el uso de documentos públicos entre 2013 y 2014.
El fiscal Guillermo Ortíz solicitó la rebeldía y captura del abogado de Viedma y los jueces Marcelo Alvarez, Roberto Gaviña y Gastón Pierroni, hicieron lugar al pedido.
Galiano tampoco dio aviso de su ausencia a los abogados defensores y es por eso que se pidió la captura.
El delito imputado por la Fiscalía fue cometido entre los meses de agosto de 2013 y julio de 2014 cuando el acusado, haciéndose pasar por un asesor de la Secretaría de Hacienda y aludiendo además “tener contacto e influencia con la política rionegrina”, engañó a un representante de diversas asociaciones mutuales.
El damnificado, hoy querellante en el proceso penal, delegó en el imputado la continuidad de trámites relativos a descuentos de haberes de empleados estatales. En ese proceso intervino el hombre considerado partícipe necesario, quien recorrió la provincia gestionando estos supuestos beneficios con los municipios, lo que nunca dio sus frutos.
No obstante, le hicieron creer que existían avances en la gestión y para demostrarlo le enviaron diversas resoluciones, notas y decretos que tenían firma, membrete y sellos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía; así como de convenios entre la Secretaría de la Función Pública con diversas cooperativas y mutuales públicas y privadas.
Cada movimiento en el marco de este proceso implicaba, por parte de la víctima, una erogación de dinero en favor del Estudio Jurídico que en total superó los 130.000 pesos.
En el debate, iban a comparecer como testigos una decena de personas, entre ellas la Secretaria de la Función Pública y funcionarios provinciales de Hacienda y de la Secretaría Legal y Técnica.
Además, a través de los testigos, entre los que se encuentra la víctima de los hechos, se iba a presentar la documentación que según la Ficalía prueba la defraudación.
El otro hombre implicado en el hecho aceptó un procedimiento abreviado en el que la acusación solicitó la pena de un año y seis meses de prisión condicional. Su representación legal fue ejercida por el Defensor oficial Pedro Vega.
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