Piden medidas urgentes para paliar la emergencia habitacional en Bariloche

Diversas organizaciones y referentes de barrios plantearon que existen más de 2.000 lotes sociales en ejecución en, al menos, cinco operatorias pero llevan 10 años de ejecución sin que los destinatarios puedan estar viviendo en el lugar.

Referentes de más de 20 barrios, juntas vecinales, organizaciones sociales y gremiales, entre otras instituciones, solicitaron al Consejo Social de Tierras la aplicación de una serie de medidas para paliar en el corto plazo la crisis habitacional.

En el Plan de Emergencia Habitacional propuesto se pide en primera instancia «actualizar y depurar el registro de demandantes para conocer la demanda real existente». «Urge identificar nuevas tierras donde se puedan proyectar al menos 500 lotes sociales durante 2020 para descomprimir la demanda insatisfecha. Para eso, es necesario dar a concer la disponibilidad de tierras fiscales o privadas que puedan ser adquiridas por diferentes mecanismos», recalcaron las organizaciones en una nota.

Plantearon que «existen más de 2.000 lotes sociales en ejecución en, al menos, cinco operatorias pero ya llevamos 10 años de ejecución sin que los destinatarios estén viviendo en el lugar».

«El municipio se desentendió por completo del destino de estos loteos y se limita a culpar a la provincia (como en el caso de Altos del Este y Frutillar Norte) o a entidades intermedias a las que no se anima a controlar y que incumplen hace años sus obligaciones (como el caso de Valle Azul)», resaltaron.

Recordaron también que existen al menos 3.500 hogares en barrios con problemas de regularización dominial y acceso a servicios básicos. «Muchos de estos hogares esperan hace años la implementación de la Ley Pierri sin ningún resultado«, puntualizaron.

En relación a las recientes tomas en barrios como 2 de Abril, Omega, San Francisco IV y Vivero, entre otros, la Mesa de Tierras repudió la judicialización del conflicto y exigió al municipio «el cese de la criminalización de la pobreza ya que las ocupaciones expresan necesidades insatisfechas, derechos humanos que no son garantizados por el Estado y el completo fracaso de la política habitacional de la gestión actual».

La nota está firmada por los barrios Alun Ruca, Arrayanes, Barda Este, Bella Vista I y II, Maitén, Hueney, Manzana 287, Jamaica, la toma de San Francisco IV, Santo Cristo, Valle Azul, Villa Llanquihue, Virgen Misionera, Vivero, Cooperativa de Vivienda La Pionera Patagónica, Cooperativa 258, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Federación de Tierra y Vivienda, Observatorio del Derecho a la Ciudad, CTA Zona Andina y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad de Río Negro.


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