Poco ha cambiado
Si el presidente Néstor Kirchner esperaba que su decisión de hacer públicas y abiertas las audiencias relacionadas con el ingreso de Eugenio Zaffaroni a la Corte Suprema serviría para inaugurar una nueva época que se vería signada por la transparencia y por el respeto por la idoneidad de los jueces, ya debería haberse percatado de su error. Desgraciadamente para él, y para el país, Zaffaroni dista de ser el jurista sin tacha de la imaginación del presidente y de aquellas organizaciones que por los motivos que fueran decidieron impulsar su candidatura.
Por el contrario, su conducta durante los años setenta cuando, entre otras cosas, juró por los estatutos de la dictadura y a fin de complacerla escribió un libro destinado a reivindicar sus pretensiones legales, lo mostró como un oportunista nato, mientras que su negativa a aportar a autónomos dista de ser apropiada para un juez avalado por un gobierno cuyos voceros dicen que los evasores deberían estar entre rejas.
En efecto, tan precaria resultó ser la candidatura del penalista, que al producirse el debate en el Senado en torno de su designación, la razón principal esgrimida por el oficialismo en favor de su designación podría ser resumida como “hay que apoyar al presidente”, o sea, se trata de la misma tesis que fue planteada una década antes por los menemistas cuando insistían en promover las aspiraciones de quienes conformarían la notoria “mayoría automática”. Por motivos netamente políticos, en el peor sentido de la palabra legisladores que antes se habían pronunciado en contra de Zaffaroni decidieron bien votar por él, bien ausentarse del recinto a fin de permitir que contara con los dos tercios necesarios, anteponiendo de este modo su “lealtad” hacia el oficialismo imperante a su propia conciencia y a lo que a su juicio serían los intereses superiores de la Nación que, por cierto, ya ha pagado un costo enorme por el desprecio que tanto los dirigentes como los demás sienten por la Justicia.
Además de confirmar que, la retórica oficialista no obstante, la designación de los jueces de la Corte Suprema sigue teniendo mucho más que ver con la política que con cualquier otro factor, la designación de Zaffaroni, por 43 votos contra 16, por parte del Senado fue evidencia de que a pesar de todas las críticas que se le han formulado, la Cámara alta sigue siendo esencialmente igual al cuerpo cuya corrupción al parecer estructural motivó la primera gran crisis del gobierno del presidente Fernando de la Rúa.
Al modificar la línea de sucesión, la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez como protesta por la voluntad presidencial de tolerar prácticas tradicionales a su juicio incompatibles con la ética hizo virtualmente inevitable el desenlace que se produjo a fines del 2001: en cuanto los peronistas se dieron cuenta de que el único obstáculo en el camino de regreso a la Casa Rosada consistía en el “vacilante” De la Rúa, no quedaba mucho que les impidiera aprovechar las oportunidades que surgirían para desplazarlo. ¿Ha aprendido a partir de entonces el grueso de los senadores que debería estar dispuesto a actuar como algo más que títeres de sus caudillos o “referentes”? Parecería que no: de lo contrario, habría rechazado la candidatura de Zaffaroni, como en efecto hubiera hecho la mayoría de haber podido sustraerse a sus supuestos compromisos políticos, atenuando el golpe asestado así felicitando al presidente por haberle brindado la oportunidad para hacer gala de su libertad y de su sentido de la responsabilidad.
En el corto plazo, es de suponer que el gobierno se sentirá muy satisfecho con el voto de los senadores.
Sin embargo, también tienen motivos para regodearse sus adversarios menemistas que en adelante podrán señalar, con razón, que en el fondo no hay ninguna diferencia significante entre su voluntad de subordinar la Justicia a la política y aquélla de los kirchneristas. Si lo único que les importaba a éstos fuera ganar una pequeña batalla, tienen derecho a saborear su triunfo, pero sucede que lo han conseguido pisoteando los principios que decían representar cuando iniciaban su ofensiva contra una Corte Suprema que en su opinión estaba demasiado comprometida con “los años noventa” como para resultarles útil.
