Un defensor público de Cipolletti denunció a un cliente por amenazas y cobró 30 mil pesos

Marcelo Caraballo inició una demanda penal por un mensaje de texto . En juicio a prueba, el imputado aceptó pagar ese monto para ser sobreseído.





Un defensor público de Cipolletti cobró 30 mil pesos en concepto de reparación económica a raíz de la amenaza que recibió por parte de un cliente preso. El proceso tramitó por medio de una suspensión de juicio a prueba, como cualquier otro. Sin embargo es poco frecuente que los funcionarios judiciales promuevan este tipo de acusaciones y saquen rédito de estas situaciones.


«Te voy a romper todo en la calle» le escribió por WhatsApp un preso de apellido Lozada a Marcelo Caraballo, defensor público penal de Cipolletti. El condenado le reprochaba al abogado no haberle tramitado una salida.


Desde la pandemia, las comunicaciones entre funcionarios judiciales y testigos o imputados se flexibilizaron y ya es común el uso de este tipo de plataformas. Lo que no quedó claro en el fallo, que está publicado en la página web del Poder Judicial, es si era el teléfono personal de Caraballo o uno de uso oficial.


El caso toca los límites del uso del derecho penal entre funcionarios sobre todo del fuero. ¿Hasta donde un juez, fiscal o defensor se puede sentir intimidado? El trato, en general y sobre todo con presos es hostil.

Pero ¿siente el mismo nivel de intimidación un defensor que un ciudadano común? ¿La policía o los funcionarios judiciales sienten «real temor» ante las manifestaciones de un preso o una presa enojados por no recuperar la libertad? Son algunos interrogantes que disparan el caso Caraballo.


Otro gran tema que abre el debate es a la inversa. Cómo es el trato de los defensores o fiscales hacia la gente presa. Algunas audiencias demuestran un alto grado de hostilidad por parte de hombres y mujeres profesionales del derecho.

 
Más allá del análisis, el hecho concreto es que Caraballo se sintió amenazado, denunció y el caso avanzó con la celeridad que caracteriza a todos los procesos penales desde la reforma. Formulación de cargos de por medio y aceptación de suspensión de juicio a prueba por parte de la fiscalía. «Te voy a romper todo en la calle», dice parte del mensaje que le causó «real temor» al denunciante, según se desprende de la sentencia.

Caraballo no tardó en realizar la correspondiente denuncia penal y rápidamente se fijó una audiencia de formulación de cargos en la cual el hombre quedó imputado por amenazas simples, uno de los delitos menos gravosos que figuran en el Código Penal.

El denunciado, tanto en el momento del mensaje de texto como en dicha audiencia, se encontraba en prisión. Incluso, en la audiencia de formulación de cargos aseguró que se trató de una reacción, pero que de ninguna manera tomaría alguna represalia contra Caraballo.


En ese momento, por pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías Sonia Martín, dispuso la prohibición de contacto, físico o virtual por dos meses entre denunciado y denunciante.


En una audiencia posterior la parte acusadora, a cargo de la fiscalía de Cipolletti, propuso otorgarle un criterio de oportunidad: extinguir el proceso penal a cambio de 30 mil pesos en favor del defensor público. Es decir que si el imputado pagaba esa suma de dinero quedaría sobreseído en la causa. Aceptó. 


«En caso de que el imputado aceptara y cumpliera con un ofrecimiento económico de $ 30.000 hacia la víctima, en un solo pago y durante el mes de diciembre (2021)  la Fiscalía actuante, en el cual presta conformidad con el pedido de sobreseimiento impetrado por la Defensa, indicando la Acusadora Pública, Dra. Giovanna Moro que efectivamente el imputado ha dado cumplimiento con las obligaciones sumidas, sobre todo la económica», dicen la sentencia que se firmó a fines de noviembre pasado por el juez de Cipolletti, Julio Sueldo.


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