Política forestal, donde la incoherencia es la norma

A diferencia del resto del reino animal, los humanos tenemos la capacidad de ser incoherentes. La ética, incoherencia fundamental para generar vínculos sociales, pone freno a nuestros instintos permitiéndonos alinearnos en pos del bien común, generando escuelas, hospitales, hogares de ancianos, sistemas administrativos y financieros, iglesias, países y Mercados comunes. Seres jurídicos que nos han convertido en la especie más poderosa del planeta pero que a la vez nos condicionan diariamente. Hoy estos seres creados por la imaginación colectiva son más importantes que cualquier persona física a la hora de definir gran parte de nuestras vidas. Nacionalidad, religión, clase social y educación son la ropa que no nos sacamos ni para dormir, convirtiéndonos en los seres vivos más incoherentes del planeta cuando tratamos de separar lo bueno de lo malo.

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La incoherencia debería ser nuestro símbolo patrio. Territorio federalmente unitario, que pregona una división de poderes indivisa y un sistema de provincias dependientemente independientes. Siempre divididos en dos bandos, sólo importa ganar para echarle la culpa de todo al perdedor de turno.

Poblamos un territorio cada día más despoblado, capaz de alimentar a una creciente población urbana, aquí y en tierras lejanas. El 95 % de nuestros compatriotas vive en ciudades, alimentándose y dependiendo de productos agrícolas con “precios cuidados” que nutren a una población cada día más pobre, pero que nos empobrecen si su valor de exportación baja.

Con un sistema administrativo y de “desarrollo social” en continuo crecimiento mientas se achica el sector productivo; un creciente transporte por rutas con una red ferroviaria cada día más abandonada y el floreciente mundo de entretenimiento continuo, dependientes de que se sostenga la maltrecha “patria exportadora”, a la que culpamos por todo, como hijos malcriados de familias que algún día fueron ricas y hoy sólo ostentan recuerdos y deudas.

Mientras el Ministerio de Agricultura y Pesca lanza una nueva batalla contra el sector ganadero, pero enuncia en su página “Ganadería Argentina: Más Eficiencia, Más Futuro” y el Ministerio de Desarrollo Social pregona las tarjetas Alimentar nos aseguran la soberanía alimentaria; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (llamémoslo MAD) sigue cambiando de nombre y rumbo, entre glaciares, contaminación, mineras, incendios y Cambio Climático.

Cambiamos bosques por soja y ganado y no sólo olvidamos promover su cuidado y manejo sustentable, sino que lo desincentivamos, empobreciendo y desplazando a sus pocos habitantes.

Ministerios que dependen cada día más de la expansión del sector agroexportador al que atacan, de la dependencia de los combustibles fósiles (Vaca Muerta, subsidios al gas natural) y la minería (ayer y hoy el oro, mañana el litio).

Preocupado por el Cambio Climático, MAD nos pide que comamos menos carne para reducir la emisión de CO2 mientras el MAGyP limita su exportación para sostener su consumo, induciendo a una reducción del stock ganadero, aunque no de los precios de la carne.

El sector forestal sostiene un alto nivel de incoherencia: Desde hace 14 años la Ley de protección y manejo de bosque nativo (LN 26.331/2007) no es respetada por ningún Ejecutivo Nacional.

Reemplazamos bosques por soja y ganadería y no sólo olvidamos promover su protección y manejo sustentable, sino que lo desincentivamos de manera sistemática, empobreciendo y desplazando a sus pocos habitantes.

Un sector dividido, en el que el bosque nativo y su gente han quedado encerrados en el MAD, disociados del resto del sector productivo, que encuentra un marco más propicio, a veces, en el MAGyP.

Con una incoherencia cercana al sadismo, el MAD propone hoy que el bosque nativo compense por las emisiones de CO2 del resto del país. Soñando con dólares ambientales, imagina cuencas forestales en las que personas de carne y hueso subsisten sin más sueño que una pensión, o algún cargo en el Estado.

Para estas cuencas elaboraremos proyectos inaplicables que se negociarán con las Provincias durante años, sin involucrar en la medida de lo posible a quienes las habitan. Con suerte, o por desgracia, se nos informará de enormes fondos disponibles para quienes participen en estos proyectos, sin mencionar que los mismos irán consumiéndose en sueldos, viajes y viáticos de funcionarios y consultores, o en las arcas provinciales.

Río Negro mantiene una notable incoherencia en su política forestal. Durante la colonización de la región se fomentó la quema del bosque para promover la actividad ganadera mientras en Buenos Aires soñaban con un Parque Nacional y repartían tierras pobladas por colonos y comunidades originarias entre quienes financiaron la mal llamada conquista del desierto.

El bosque nativo sigue creciendo sin manejo, fiel a la política de legislar para no ejecutar, juntando biomasa cada día más inflamable, mientras se instalan chanchas de gas a sus pobladores, como política de desarrollo.

Desde entonces, los bosques nativos de la región sustentan una población rural ganadera y una incipiente industria forestal, principal fuente laboral permanente. En un territorio sin escrituras, las concesiones forestales se otorgaban a aserraderos sin consultar a sus pobladores.

Al constituirse como provincia, su carta orgánica proclamó que la tierra sería “para quienes la trabajan”, enunciado que claramente no incluyó el bosque, ya que siguieron otorgándose concesiones de extracción forestal a aserraderos, pero no títulos a sus ocupantes.

Llegada la década de 1970, la provincia promete titularizar las tierras forestadas con coníferas exóticas y compensar económicamente a sus titulares por los costos de implantación, premiando el reemplazo de bosque nativo. Los pinares de Arroyo del Medio, Dina Huapi y la costa del río Limay, así como los de El Foyel, Los Repollos y Mallín Ahogado, hoy mayormente abandonados, quemados o en vías de convertirse en barrios, tuvieron su origen en este impulso modernizador. Hoy, el valor de la madera producida en estas forestaciones no cubre por lo general los costos de su extracción, y los pinares son considerados por muchos como un problema ambiental debido a su alta inflamabilidad y su capacidad de invadir otras comunidades vegetales.

Mientras tanto, la provincia prohibió de hecho el manejo del bosque nativo, y los aserraderos fueron reconvirtiéndose a utilizar coníferas implantadas y traer madera de Misiones, Corrientes o Tierra del Fuego.

La llegada de la Ley de Bosques (su versión provincial, LP 4552/2010) que promueve el manejo sustentable del bosque nativo ha servido como una nueva fuente de ingresos para el erario provincial, pero sólo ha logrado desincentivar a los pocos pobladores que se animaron a confiar en que la Provincia cumpliría en tiempo y forma con sus propias leyes.

Así, el bosque nativo sigue creciendo sin manejo, fiel a la política de legislar para no ejecutar, juntando biomasa cada día más inflamable, mientras se instalan chanchas de gas a sus pobladores, como política de desarrollo social. Chanchas que se recargan con gas que viene desde Neuquén, pagado por regalías petroleras.

Año a año aumenta el número de combatientes del SPLIF mientras se pregona la importancia del manejo del bosque nativo y siguen juntando polvo los pocos planes de manejo presentados, esperando ser aprobados por una provincia que retiene los fondos girados anualmente por Nación.

En este contexto, nuestro Subsecretario de Recursos Forestales, el licenciado Arbat, ha roto con una larga tradición provincial, siendo incoherentemente coherente al enunciar que los incendios de interfase vinieron a la provincia para quedarse. Concuerdo plenamente con esa triste visión del futuro, que sostuve en este medio antes de que dos grandes incendios arrasaran la Comarca del Paralelo 42, llevándose vidas, casas y bosques a su paso. Para prevenir futuros incendios o al menos reducir su extensión y severidad, necesitamos una política de manejo del bosque aplicable y aplicada, basada en el diálogo y la confianza entre quienes lo habitan y el sector administrativo. El bosque se maneja en el bosque, no en las oficinas del CABA, Viedma o El Bolsón. Para que eso ocurra, debemos ayudar a los productores y recuperar su confianza. Desgraciadamente, la confianza es hija de la previsibilidad, que se nutre de la coherencia. ¿Podremos empezar a ser coherentemente coherentes o seguiremos esperando al próximo desengaño?

* Ingeniero forestal, doctor en ecología. Investigador del Conicet.