El IPPV pidió a Nación anular un convenio y prevé finalizar planes de viviendas en tres municipios

La Nación finalmente disolvió la secretaría de las Vivienda y Río Negro perdió toda expectativa de aportes nacionales para concluir planes habitacionales en tres municipios. Así, el IPPV remitió una nota al gobierno nacional donde solicita anular el convenio firmado el año pasado para un financiamiento compartido y asumir esa finalización con aportes del Estado provincial.

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Las construcciones de 31 viviendas que se paralizaron en el 2023 pertenecen a Sierra Colorada, Lamarque y Fernández Oro, que se iniciaron a partir de acuerdos directos de sus administraciones locales con la gestión nacional de Alberto Fernández.

En julio pasado, la Provincia y el gobierno de Javier Milei acordaron finalizarlas y compartir los fondos necesarios. La parte prometida de Nación era de 681 millones, aunque, finalmente, esa transferencia no se concretó. El IPPV intercambiaba documentación para obtener los giros cuando Milei formalizó la disolución de la secretaría.

El titular del IPPV, Mariano Lavin confirmó el envío de la nota para que Nación anule el convenio de financiamiento compartido. El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren explicó que se necesita del trámite para que la Provincia pueda formalmente hacerse cargo de la ejecución y avanzar en las conclusiones con fondos propios.

Simultáneamente, el legislador Fabian Pilquinao repudió la eliminación de la secretaria de Hábitat y Vivienda, con la presentación de un proyecto de comunicación. El parlamentario -que fue intendente de Sierra Colorada y la localidad tiene paralizado un barrio- consideró que esa desaparición es “un retroceso significativo en el acceso a una vivienda digna, especialmente en un contexto de grave déficit habitacional que afecta a más del 50% de la población del país”.

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Destacó que “el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado». Por eso, la eliminación de la secretaría -agregó- pone en peligro «el cumplimiento de este derecho, que resulta aún más grave dada la situación habitacional actual. En muchas localidades, sobre todo en el interior profundo de Argentina, como la región que represento, el Estado desempeña un papel clave en garantizar el acceso a la vivienda a sectores vulnerables», remarcó el legislador.