Abogados denuncian por «abuso de autoridad» a la jueza que Cristina Kirchner quiere mantener en el cargo
La magistrada Ana María Figueroa cumplió 75 años y debe tener acuerdo del Senado para seguir en la Cámara Nacional de Casación. Este tribunal debe definir el futuro de Cristina Kirchner en la Causa Hotesur.
Ana María Figueroa fue redesignada por el Senado en la Cámara de Casación Penal.
Una agrupación de abogados denunció hoy a la jueza de la Cámara Federal de Casación, Ana María Figueroa, por supuesto «abuso de autoridad» y «violación de deberes de funcionario público», entre otros delitos, a raíz de su presunta intención de seguir en el cargo tras alcanzar la edad obligatoria para jubilarse a la espera de un aval del Senado, pero sin firmar fallos.
La Cámara de Casación debe resolver el pedido del fiscal Mario Villar para anular el sobreseimiento a Cristina Kirchner y enviarla a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces. La Vicepresidenta ha insistido en la necesidad de que el Senado avale la permanencia de Figueroa en la Cámara Federal de Casación.
Días atrás, el senador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que no iba a acompañar ninguna sesión para designar jueces antes de las PASO, por lo que dejó sin quórum al oficialismo que buscó aprobar 75 pliegos judiciales, entre los que estaba el de la jueza Figueroa.
El pedido de Mauricio Macri para que Weretilneck no apoye el nombramiento de ningún magistrado en la actual situación fue interpretada por Cristina Kirchner como un «apriete mafioso» de parte del expresidente.
«Conforme fuera informado por diversos medios periodísticos que cubren la atípica situación, la magistrada habría realizado declaraciones, sobre que no obstante continuar como miembro vocal» de Casación, «no firmaría resoluciones desde el 10 de agosto y tampoco solicitaría licencia», resumió la denuncia.
Los abogados advierten de posibles delitos
Los abogados José Magioncalda, Pedro Pusineri, Juan Otegui y Juan Fazio, de la agrupación «Bloque Constitucional», estimaron que «de concretarse dicho plan» se podría estar ante posibles delitos y pidieron que se abra una investigación.
«Es deber de un magistrado conocer, participar de audiencias, acuerdos, fallar, fundar y por supuesto, firmar todos los actos jurisdiccionales de la función que tiene a cargo«, sostuvieron.
La «omisión arbitraria, total o parcial de su ejercicio configuraría un incumplimiento de deberes de la función pública», agregaron
La denuncia se presentó por los presuntos delitos de «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia, usurpación de autoridad».
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