Archivan una denuncia administrativa contra el intendente de Bariloche

El Tribunal de Contralor (TC) de la Municipalidad de Bariloche declaró abstracta la denuncia que presentó la concejal de la oposición Julieta Wallace, para que se investigue administrativamente al intendente, Walter Cortés, por haber dictado en abuso de su función una resolución ilegal que aumentaba el módulo fiscal, lo que causaba un aumento de las tasas y otros tributos.

Wallace presentó el 22 de enero pasado la denuncia ante el TC y el intendente dictó al día siguiente (23 de enero 2026) una nueva resolución que dejó sin efecto la que había originado la denuncia.

Sin embargo, el asesor letrado del TC observó en su dictamen que Cortés ya había dictado el 12 de enero la resolución 70-I-2026 que modificaba el valor del módulo fiscal. Pero no derogó la resolución que había señalado Wallace en su denuncia.

El presidente del Tribunal de Contralor (TC), Estanislao Cazaux, y el vicepresidente, Damián Vila, firmaron el 4 de febrero último una resolución donde declararon abastracta la denuncia de Wallace y la archivaron.

Fundamentaron su decisión en el dictamen del asesor legal del TC, que mencionó, por ejemplo, que el 23 de enero del 2026 el Ejecutivo municipal emitió la resolución 163-I-2026 que retrotae el valor del módulo fiscal a 373 pesos, el valor equivalente a lo dispuesto en una resolución del 2025.

Cazaux y Vila indicaron que el dictamen del asesor legal expresa que la resolución 3203-I-2025, que el intendente dictó el 29 de diciembre pasado, y “mediante la cual” la concejal Wallace, del bloque Incluyendo Bariloche, fundamentó su denuncia había sido derogada por la resolución 70-I-2026 que el Ejecutivo emitió el 12 de enero último.

“Que ante lo expuesto, el asesor letrado considera que el escrito de la concejal se fundamenta en actos administrativos derogados, ante lo cual la misma deviene en abstracta, y corresponde su rechazo y disponer el archivo de la misma”, destacaron Cazaux y Vila en la resolución del TC.

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Sin embargo, señalaron que el asesor legal del TC en su dictamen enuncia, “que tal como lo indica la denunciante en su escrito, no pueden cobrarse tributo sin ley previa, y la creación es una atribución exclusiva y excluyente del Concejo Municipal”.

Y añadió: “Le asiste razón (a Wallace) en el sentido, que las resoluciones, hoy ya derogadas, eran ilegales, y el dictado de las mismas no se ajustaba a la ley y su derigación es el acto que correspondía realizar”.

“Por lo que el Ejecutivo no es inocente en esta cuestión, primero porque la solución que pretendió implementar a un problema no se ajustó a la ley, y en segundo lugar, porque los proyecto tanto de presupuesto como fiscal y tarifaria son de su autoría, puesto que así manda la ley que lo sea”, observaron Cazaux y Vila.

Destacaron, no obstante, que el asesor letrado del TC señaló en su dictamen que el Concejo Municipal sancionó el presupuesto 2026 (a finales de diciembre pasado) y acto seguido rechazó los proyectos de fiscal y tarifaria que había presentado el Ejecutivo.

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“Dicho rechazo trae aparejado que la estructura de ingresos sancionadas en el presupuesto (2026) es al día de la fecha una ficción o en el mejo de los casos, carece de la coherencia que la norma presupuestaria exige”, advirtió el asesor legal.

“Es una incoherencia y claramente una irresponsabilidad aprobar un presupuesto sin aprobar su fuente de ingresos para cumplir con aquel, lo que hace imposible cumplir con el plan de gobierno manifestado en el presupuesto municipal”, aseveró el asesor en el dictamen, que Cazaux y Vila citaron.

Por eso, el TC resolvió “declarar abstracta la presentación efectuada por la concejal Julieta Wallace por encontrarse el supuesto hecho denunciado por la misma basado en actos administrativos derogados”. Y dispuso “archivar las actuaciones” derivadas de la presentación de Wallace.

En el artículo tercero de la resolución, Cazaux y Vila exhortan al Concejo Municipal “que considere lo inmediato dar tratamiento a los proyectos de ordenanza Tarifaria y Fiscal, ya que los mismos son el complemento (base y fuente de ingresos) de la ordenanza de Presupuesto 3553-I-2025, que fuera aprobada por vuestro honorable Concejo y cuya responsabilidad de falta de coherencia legislativa es exclusiva de dicho Poder Legislativo de acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal”.