Argentina pide ante la ONU que se juzguen las violaciones a los DDHH en Venezuela
El pedido fue expresado en el Consejo de DDHH que preside el país. La posición se fundamenta en los informes realizaros por la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
El gobierno argentino solicitó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la Justicia venezolana, con apoyo internacional, juzgue a quienes están sospechados de ser responsables de haber cometido violaciones a los Derechos Humanos en los últimos años en el país caribeño.
El pedido fue expresado en el comienzo del 40° período de sesiones del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) con todos los Estados miembro que conforman el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se desarrollará hasta el 4 de febrero.
La solicitud tomó relevancia dado que es la Argentina quien preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al país lo representa Federico Villegas Beltrán, quien es embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra.
La situación de derechos humanos de todos los países miembro de la ONU es revisada cada cinco años con este mecanismo (con 42 Estados por año). Argentina comenzará su próximo período de examen en octubre.
En las sesiones que comenzaron el 24 de enero se analizarán las situaciones de Togo, Siria, Islandia, Venezuela, Lituania, Zimbabwe, Uganda, Sudán del Sur, Moldavia, Timor Oriental, Sudán y Haití.
En ese sentido, Argentina y otros Estados miembro del Consejo realizaron recomendaciones a Venezuela e Islandia, que eran los únicos países que se trataba en la sesión finalizada el martes 25 de enero, mientras que este miércoles 26 será el turno de Lituania y Zimbabwe.
Sobre Venezuela, las recomendaciones argentinas mantuvieron consistencia con las posiciones que el país viene expresando tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en otros foros multilaterales y regionales, dijo la Cancillería al explicar la exposición de la banca argentina en el cuerpo internacional.
Así, el Gobierno argentino propuso que se coopere plenamente con el Consejo de Derechos Humanos y con todos sus mecanismos, incluyendo los Procedimientos Especiales relevantes, y se implemente íntegramente las recomendaciones hechas en sus informes por la Alta Comisionada, la chilena Michelle Bachelet.
La Argentina pidió que se concrete el llamado de Bachelet a que “se conduzcan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, se lleve a los perpetradores ante la justicia y se garantice una reparación adecuada a las víctimas”.
También se solicitó que “se refuerce la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en el país, dotada de los recursos humanos y materiales que le permitan desarrollar sus tareas adecuadamente; y se ratifique la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.
Villegas Beltrán fue elegido Presidente del Consejo de Derechos Humanos para el presente año. De este modo, se constituyó en el primer funcionario de nacionalidad argentina en presidir este cuerpo, más allá de la participación que en el pasado hayan tenido otros funcionarios argentinos en el Sistema de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos.
Como Presidente del Consejo de Derechos Humanos es su responsabilidad dirigir las sesiones y, por lo tanto, debe asumir los compromisos atinentes a esa función. Al mismo tiempo, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, la Argentina sigue conservando su banca, y cuando asume posiciones nacionales, debe expresarlas desde la banca.
Atento a que el Embajador argentino se encuentra ejerciendo la Presidencia, la banca es ocupada por uno de los funcionarios del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, que integran la Representación argentina en Ginebra, y que deben actuar en el marco de las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional a través de la Cancillería y bajo la conducción del Representante Permanente.
Argentina, desde su establecimiento, reconoció la relevancia del Examen Periódico Universal como principal ámbito de diálogo con otros países y de identificación de las áreas de protección de derechos humanos que necesitan ser reforzadas. Por ello, participa en los EPUs de todos los Estados y efectúa recomendaciones.
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