Camino al procesamiento: el juez Lijo apura la indagatoria de Manuel Adorni antes de la feria de invierno
La Justicia federal recolecta las últimas pruebas para citar al Jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y lavado de dinero. El cruce de llamadas telefónicas y el misterio del avión privado pagado en efectivo que destapó la trama con un contratista de la TV Pública.
El horizonte judicial de Manuel Adorni entró en una fase de definiciones en los tribunales. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita analizan los elementos de prueba recolectados en el expediente para fijar la fecha de la declaración indagatoria del Jefe de Gabinete antes del receso judicial de invierno, programado entre el 20 y el 31 de julio.
Según fuentes de los tribunales federales consultadas por La Nación, la resolución se firmará una vez concluidos los peritajes tecnológicos en curso.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el funcionario nacional podría haber incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas. Asimismo, peritos contables de la causa evalúan si el flujo de fondos analizados configura el delito de lavado de dinero.
La prueba telefónica que define la causa de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito
La medida de prueba determinante dispuesta por el juzgado se encuentra bajo ejecución de la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), un organismo técnico dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Los ingenieros informáticos realizan un entrecruzamiento de llamadas sobre tres terminales específicas:
- El teléfono celular oficial y particular de Manuel Adorni.
- La línea del productor televisivo Marcelo Grandio.
- El dispositivo móvil de Horacio Silva, socio fundador de la empresa Imhouse SA.
El peritaje tecnológico no audita el contenido de las conversaciones, sino el registro de llamadas entrantes y salientes, la frecuencia de los contactos y la geolocalización de las antenas.
El objetivo fiscal es confrontar esos datos con las fechas de firma de seis contratos de coproducción en la TV Pública otorgados a la firma Imhouse SA (responsable de ciclos como «Gritalo Mundial» y «La caja de Pandora»).
La ruta documental del avión privado y su viaje a Punta del Este
El dictamen fiscal que coloca al ministro coordinador a las puertas de la indagatoria se sustenta en la contradicción entre las declaraciones públicas del funcionario —quien afirmó haber abonado el viaje con fondos propios— y la prueba documental recabada en el expediente:
- Vuelo de ida (Fin de semana de Carnaval): tuvo un costo de 4.830 dólares. La empresa operadora Alpha Centauri SA informó a la Justicia que los fondos se transfirieron en pesos y emitió la factura a nombre de Imhouse SA, la productora de Grandio.
- Vuelo de regreso (San Fernando): el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen, titular de Jag Executive Aviation, declaró bajo juramento como testigo que la reserva y el pago de 3.000 dólares fueron efectuados por Marcelo Grandio. La factura fue emitida el 9 de marzo, coincidiendo con la difusión periodística del caso.
La auditoría judicial determinó que el tramo utilizado por la familia Adorni formaba parte de un paquete cerrado de 10 viajes comerciales que Grandio adquirió a la firma Alpha Centauri SA por un total de 42.250 dólares abonados en efectivo.
El segundo eje de la investigación penal se concentra en las inconsistencias registrales de los bienes inmuebles del funcionario. En noviembre pasado, Adorni adquirió una propiedad en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) por un valor de escritura de 120.000 dólares.
No obstante, los informes de los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DATIF) agregados a la causa constatan que el Jefe de Gabinete desembolsó 245.000 dólares en refacciones integrales y 5.000 dólares por el derecho de ingreso al barrio privado. De acuerdo con la auditoría, la totalidad de estas obras se realizaron sin la emisión de facturas legales y comerciales (operaciones informales), incluyendo el diseño de 51 muebles a medida omitidos en su presentación patrimonial. El valor total invertido (370.000 dólares) supera el valor de mercado de la propiedad.
Finalmente, el juez Lijo investiga la presunta comisión del delito de peculado, que prevé penas de hasta 10 años de reclusión. La Justicia analiza las capturas de los chats internos del barrio privado y los informes de la Gendarmería Nacional para comprobar si el funcionario desvió un destacamento de fuerzas federales para la custodia exclusiva de su perímetro particular tras una manifestación vecinal ocurrida el pasado 31 de marzo.
Con información de La Nación.
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