Causa Techo Digno: evalúan reformular los cargos a los imputados en Bariloche
Así lo explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, que investiga los presuntas maniobras cometidas con los fondos millonarios del programa nacional destinado a la construcción de viviendas, que no se terminaron en esta ciudad.
Las viviendas del explan Techo Digno suman 875 en dos sectores de Bariloche. Algunas las finalizó la Provincia de Río Negro y ya fueron adjudicadas. (foto de archivo)
La investigación para establecer si hubo hechos de corrupción con el manejo de los fondos del programa nacional Techo Digno, destinado a la construcción de viviendas en Bariloche, se reactivará cuando finalice la feria judicial de enero.
El fiscal Guillermo Lista dijo este martes que es probable que se haga una reformulación de los cargos contra los tres imputados que hay en la causa: la exintendenta de Bariloche y legisladora provincial del Frente de Todos, María Eugenia Martini, y los empresarios Juan Castelli, de Oriente Construcciones, y Alberto Uzandizaga, de la constructora Alusa. Otra alternativa es pedir el control de la acusación para avanzar a la siguiente etapa del proceso judicial.
La opción de la reformulación de cargos, que autoriza la normativa procesal vigente, es para establecer los roles que cumplió cada uno de los imputados en las presuntas maniobras.
Recordó que la formulación de cargos, que se hizo el 9 de agosto pasado, sigue en pie porque las defensas no cuestionaron las imputaciones.
La acusación de la fiscalía sostiene que Nación envió partidas por 119 y 248 millones de pesos, entre abril de 2014 y diciembre de 2015 (cuando el dólar estaba a 7,93 y 12,90 pesos respectivamente), para la construcción de dos planes de 376 y 495 viviendas en Bariloche. Sin embargo, las casas no se terminaron en el plazo estipulado. Años después, el Gobierno de Río Negro se hizo cargo de la continuidad de los trabajos y adjudicó parte de esas viviendas.
Lista dijo que estaban a la espera de más elementos de prueba que se están recolectando. El equipo local lo integra además el fiscal jefe Martín Lozada. Explicó que se trata de una causa compleja, porque hay que revisar abundante documentación. Por eso, Calcagno autorizó a principios de septiembre pasado una prórroga de un año para completar la investigación.
Falta, por ejemplo, más peritaciones caligráficas para determinar si hubo adulteraciones de documentos. Indicó que hay un perito caligráfico del Poder Judicial que está en Roca que será el responsable de ese trabajo.
El caso de un exfuncionario nacional
El exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, Germán Ariel Nivello, estuvo imputado en la primera etapa de la investigación preliminar. Lista explicó que plantearon excluirlo del expediente local, porque entienden que al tratarse se un exfuncionario nacional debe ser la justicia federal la que investigue su conducta.
La situación procesal de Nivello generó un conflicto de competencias que resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lista contó que el juez de garantías de Bariloche Ricardo Calcagno no asumió la competencia para que se investigue a Nivello. Entendió que le correspondía a la justicia federal. Por eso, mandaron esa parte del expediente referido al exfuncionario de Nación al juzgado federal de Buenos Aires, a cargo del juez Julián Ercolini, que subroga la causa que tenía Bonadío.
Pero Ercolini no aceptó asumir la competencia y reenvió el expediente a Bariloche. Por eso, se originó esa disputa que dirimirá la Corte Suprema.
El fiscal dijo que se tienen que establecer, a partir de las evidencias que se incorporen a la investigación, los roles que cumplieron cada uno de los imputados. Consideró que a tratarse de una causa muy compleja “se bajaran muchas posibilidades y se analiza un montón de documentación”.
Rememoró que Bonadío se declaró competente y agrupó todas las causas referidas a las supuestas maniobras con los fondos del programa Techo Digno. No obstante, después Bonadío “se las sacó de encima a partir de un fallo de la Corte Suprema. Por eso, el expediente regresó a la fiscalía de Bariloche.
Lista sostuvo que tienen acreditado hasta el momento que los fondos que Nación giraba a la municipalidad llegaban. Es más, contó que llegaba “más plata de lo que se avanzaba con las obras”. Recordó que se trataba de fondos con asignación específica.
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