Causa Viento Sur en Neuquén: la etapa de pruebas se estructurará sobre la acusación final y los sobreseimientos

La segunda audiencia de la causa Viento Sur, con las declaraciones de los defensores particulares, se realizó este viernes en la Ciudad Judicial de Neuquén. Los abogados presentaron sus objeciones y pruebas en contra de los exfuncionarios provinciales y de la propia cooperativa de Viento Sur. Estuvieron presentes seis integrantes acusados de la entidad, entre ellos el exconcejal de Neuquén Federico Sánchez y la exlegisladora del FIT Gabriela Suppicich, además de los dos últimos ministros de Desarrollo Social que tuvo el gobernador Omar Gutiérrez (MPN), Abel Di Luca y Germán Chapino.

Durante la jornada, la fiscalía solicitó la intervención de un tribunal colegiado de tres jueces, ya que, por la gravedad del presunto fraude, se buscarán condenas superiores a los tres años de prisión. Por otro lado, los abogados defensores se enfocaron en desarmar la acusación para evitar la elevación a juicio, argumentando que no existen pruebas de un delito y reclamaron el sobreseimiento de sus clientes.

Tras un intenso debate que incluyó pedidos de aclaración sobre quién autorizó los pagos, la audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará el próximo lunes. Para este día, todavía queda pendiente escuchar las solicitudes de sobreseimiento de una de las defensas.

Una vez que el magistrado lo resuelva y defina exactamente qué cargos quedan en pie, se tratará el ofrecimiento de pruebas, la etapa donde todas las defensas confirmarán qué testigos y peritos llevarán al debate oral.

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El trasfondo de la causa

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Lo que se investiga es si se usó la estructura del Estado para conformar esta cooperativa, beneficiarse económicamente y si toda esta maniobra tuvo luz verde por parte de los funcionarios. En el centro de la discusión están Di Luca y Chapino.

Junto a ellos, la mira está puesta en seis integrantes de la cooperativa ligados a organizaciones sociales de izquierda. En esa lista de imputados aparecen un actual concejal de la capital y una exlegisladora del Frente de Izquierda (FIT).

El jefe fiscal jefe, Pablo Vignaroli, apuntó a la responsabilidad de los exfuncionarios en el manejo de esos fondos que, en teoría, debían destinarse a planes de capacitación. Al referirse al inicio de los desembolsos, expresó: «La conducta de Diluca fue claramente descrita; fue no solamente haber creado, sino después, en violación a las condiciones que debían darse en el decreto 1672, pagó mensualmente, firmó los convenios».

Frente a esto, las estrategias de los acusados fueron por caminos separados. Los abogados de los exministros no dieron respuesta. Fue distinta la postura de las defensas de los referentes sociales. Apuntaron que la investigación arrancó con allanamientos «ampliamente mediatizados» para poner a los acusados «ante la opinión pública como culpables».

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Los 1.200 millones en disputa

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La fiscalía puso la lupa sobre el tamaño del presunto agujero económico y la falta de papeles para justificar el giro del dinero: «Estamos hablando de un perjuicio que, entre julio de 2022 y diciembre de 2023, supera los 1.200 millones de pesos a valores históricos».

Además, desde el equipo fiscal, se apuntó directamente sobre una transferencia específica: «Se transfirieron 10 millones y no hay un solo soporte administrativo que diga por qué se dan a la cooperativa. Esto fue la antesala a lo que vino posteriormente».

La defensa de los acusados remarcó que el dinero tenía un fin claro: «93% de ese dinero fue a parar a gente desocupada de barrios humildes, en una situación realmente desesperante con posterioridad a la pandemia. Eso, sin el contenido que le pretende dar la Fiscalía, se llama justicia social. Eso es lo que se está criminalizando en esta oportunidad».

Las partes volverán a encontrarse el próximo lunes. La jornada se usará para terminar de escuchar los planteos de la defensa y aguardar la resolución del magistrado que va a definir quiénes y bajo qué cargos se finalizará.