Celulares en cárceles y «libertad digital»: tres proyectos apuntan a frenar estafas y delitos penitenciarios
La Legislatura de Río Negro sumó un nuevo proyecto vinculado al uso de teléfonos celulares en cárceles, una discusión que se instaló en la agenda provincial por el crecimiento de estafas y delitos cibernéticos coordinados desde unidades penitenciarias.
El bloque de Pro Unión Republicana anunció un nuevo proyecto de Ley que propone incorporar al Código Procesal Penal el concepto de «privación de libertad física y digital«, con el objetivo de establecer restricciones en el acceso a dispositivos móviles o medios tecnológicos como celulares, internet, redes sociales y plataformas digitales por parte de individuos privados de su libertad.
Entre los fundamentos, el proyecto plantea que en el contexto tecnológico actual, la pena privativa de libertad carece de un efecto real de aislamiento al permitir que los detenidos mantengan comunicación insupervisada e irrestricta a través de tecnología móvil. Lo cual, no solo posibilita casos de estafas telefónicas, extorsiones, amenazas y grooming, sino también la coordinación criminal fuera de la cárcel.
En este sentido, se hace hincapié en el caso particular de 2024 donde el Ministerio Público Fiscal logró condenar a un interno que lideraba una asociación dedicada a estafas telefónicas mientras cumplía pena, alegando así la necesidad de un mayor control sobre las actividades de los reclusos.
Además de bloquear señales en penales, el proyecto busca extender las medidas a personas detenidas sin condena firme
A su vez, el proyecto menciona como antecedente la reciente incorporación de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que permite la instalación de dispositivos de detección y bloqueo de señales IMEI/IMSI en cárceles federales, pero no establece especificaciones al respecto dentro de los artículos agregados.
En relación al contacto con el exterior, el proyecto establece que se «garantizará mecanismos institucionales de comunicación controlada entre las personas privadas de libertad, sus defensores, autoridades judiciales y familiares y allegados».
Finalmente, Juan Martin, autor del proyecto solicita añadir no solo el artculo103 bis, sino también la modificación del 109, ampliando su marco legal a aquellos individuos en estado de prisión preventiva.
Cabe recordar que un proyecto de Ley similar fue presentado en abril por el legislador César Domínguez, quien no solo plantea la prohibición expresa de la tenencia y uso de celulares, tabletas, dispositivos inalámbricos y el acceso a internet y redes sociales en todos los establecimientos penitenciarios provinciales, sino también el control sobre la telefonía fija.
En este sentido, el proyecto del candidato libertario establece que las comunicaciones se realicen únicamente mediante telefonía fija, con un sistema institucional controlado, en horarios restringidos (de 8 a 19), con llamadas de hasta 5 minutos y registros detallado de cada comunicación que incluyan la fecha, hora, duración, número de destino y vínculo del interno con el receptor.
La diferencia central entre ambos proyectos es que el presentado por el bloque de Pro Unión Republicana prohíbe el ingreso, tenencia y uso de dispositivos móviles para reos privados de su libertad (tanto condenados como bajo prisión preventiva). En cambio, la iniciativa de Domínguez va un paso más allá y propone la instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios, reemplazando ese sistema por un esquema exclusivo de telefonía fija controlada.
Con el próximo ingreso de la iniciativa adelantada por Juan Martin, se espera que ambos proyectos sean contemplados durante la segunda Sesión Ordinaria 2026.
Celulares en cárceles y fin del anonimato: la propuesta de bloquear los números ocultos
En paralelo al debate acerca de elementos digitales en contextos carcelarios, el bloque de Coalición Cívica ARI presentó el proyecto de Comunicación N° 558/2026. El cual ya había sido planteado en 2025 con el objetivo de que las empresas prestatarias de servicios de telefonía fija y móvil eliminen o bloqueen la posibilidad de realizar llamadas bajo la modalidad de «número oculto», «privado» o «desconocido».
En este sentido, la iniciativa advierte que el anonimato telefónico facilita estafas de «vishing» o fraude telefónico, secuestros virtuales, amenazas, grooming y acoso, convirtiéndose así en una herramienta delictiva amparada en el anonimato. Además, sostienen que la imposibilidad de identificar al agresor dificulta la recolección de pruebas y el avance de las investigaciones judiciales.
De este modo, el proyecto de comunicación impulsado por el Legislador Javier Acevedo, propone un sistema de identificación digital verificada para organismos públicos y entidades bancarias, con el objetivo de reducir casos de suplantación y fraude.
Comentarios