Concejales resisten la municipalización de la avenida Bustillo en Bariloche

La transferencia de la avenida Bustillo de la provincia al municipio de Bariloche, que fue acordada por ambos gobiernos en junio pasado, deberá atravesar un tortuoso trámite antes de conseguir el necesario aval del Concejo Deliberante, a juzgar por la primera reunión de comisión que analizó el tema.

El oficialismo no tiene mayoría para sancionar la ordenanza y varios concejales de la oposición manifestaron su desacuerdo porque consideran insuficiente el aporte económico de 400 millones de pesos anuales que comprometió la provincia y que se cortaría en 2029. “El monto es ínfimo”, alertó uno de los ediles.

El dato que circuló en la comisión es que los 400 millones alcanzan solo para “repavimentar entre 2 y 3 kilómetros”, y la avenida se extiende por 25 kilómetros.

Los críticos señalaron que la Bustillo presenta un grave deterioro de la calzada, ausencia de señalización, cruces peligrosos y no puede ser reparada ni mantenida con esos fondos. Dijeron además que el municipio no cuenta con estructura administrativa para ocuparse de obras viales en forma permanente y también cuestionaron que el convenio fue enviado al Concejo con plazos vencidos.

El concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) dijo que el municipio “comete un error tremendo” si acepta la Bustillo en esas condiciones. Sostuvo que el acuerdo presentado como un gran avance por parte del intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck “no tiene rigor técnico y es una pura improvisación”.

A su juicio, Bariloche no puede asumir el mantenimiento y mejoras sobre la Bustillo sin un aporte permanente de volumen acorde. Señaló que los 400 millones son “monto ínfimo”.

La concejal del PUL (oficialismo) María Coronado se comprometió a conseguir más datos técnicos, ante la evidencia de que hoy no están los votos para ratificar el convenio. Otro represente del PUL, Tomás Hercigonja, dijo que al fondo prometido por la provincia habría que añadir los ingresos que resulten de las multas de tránsito sobre Bustillo, ya que la provincia también transfirió los radares.

Pero otro concejal dijo que no serían recursos extra porque “el municipio ya cobra hoy” esas infracciones.

El proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo contiene en realidad dos convenios, el segundo es por la recepción de fondos por la renegociaciación de los contratos petroleros, para aplicarlos en la construcción de un puente sobre el arroyo Ñireco. Esa partida es de 345,6 millones de pesos (que ya ingresaron al municipio), más 37.517 dólares, todavía pendientes.

Pero la cesión de Bustillo fue la que generó mayor polémica e incluyó, entre otras, las observaciones de la concejal Laura Totonelli (JSRN) quien en el gobierno provincila de Arabela Carreras presidió el Ente Cordillera y tuvo a su cargo la obra de modernización y ensanche de la transitada avenida, que iba a abarcar solo los primeros 4 kilómetros y quedó inconclusa.

Complejidad no evaluada

Totonelli sugirió que el municipio no podrá afrontar las “intervenciones estructurales” que necesita la estratégica avenida y dijo “por experiencia” que los pozos pueden ser “insufribles”, pero cualquier arreglo que implique excavar, o meter una máquina, deriva en que “alguien se quede sin agua o sin gas”, porque en el subsuelo “se puede encontrar cualquier cosa”.

Señaló que “esos arreglos pueden ser más caros y más difíciles de resolver que los de arriba. Es todo muy complejo”. A su entender, haría falta una “ponderación completa” que el municipio no tiene.

Roxana Ferreyra (Nos Une Río Negro) también manifestó su rechazo al convenio, se preguntó “cuál es el beneficio” de que el municipio absorba el control y mantenimiento de Bustillo y considero que el aporte económico no se condice con la complejidad de la situación.

Recordó que en los dos meses que llevan de ejecución del convenio se hicieron “algunas poquitas tareas” en los tramos de Bustillo más cercanos al centro, pero “desde el kilómetro 15 en adelante es tierra de nadie”. A su juicio, los 400 millones anuales que enviará la provincia, y que permanecerán constantes hasta 2029, son “un vuelto”.

Natalia Almonacid (JSRN) se mostró reticente a aprobar un convenio “que llega vencido” y también cuestionó el monto de compensación provincial. “Que no venga después el Ejecutivo con un proyecto de indexación de tasas, cuando en este caso no pidieron ninguna indexación”, afirmó.

El proyecto no fue dictaminado por la comisión de Economía, y quedó pendiente de los datos extra que pueda aportar el oficialismo.