Cortés impugnó la ordenanza que le impide eludir los llamados a licitación

La ordenanza aprobada en la última sesión para tornar obligatorio el llamado a licitación cada vez que venza una concesión municipal, sin opción para prórrogas directas, fue vetada por el intendente Walter Cortés, quien consideró que esa medida perjudica a los usuarios cuando las prestadoras están en condiciones de “mantener o incrementar los servicios”.

En otra decisión llamada a generar polémica, el intendente revocó también la ordenanza por la cual fue «abrogada» una resolución con su firma que aprobó un costoso acuerdo extrajudicial con la empresa Navtour SA por los impedimentos que encontró para instalar una estación de servicios.

El compromiso asumido por el municipio en ese caso fue pagarle a la firma una compensación de 900 mil dólares, más otros 90 mil de honorarios para su abogado.

En relación con las licitaciones, el impulsor de la modificación normativa fue el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), quien ayer se mostró optimista en el cometido de reunir los ocho votos necesarios para desactivar el veto. Dijo que solo se oponen a la iniciativa los tres concejales del oficialismo y no les alcanzaría para sostener lo resuelto por Cortés.

En su resolución el intendente sostuvo que la ordenanza 502/95, que regula y habilita la prórroga directa de concesiones brinda garantías a “la libre competencia y la posibilidad de participar de otros oferentes”, ya que de haber interesados en el mismo servicio “el Concejo Municipal tiene la facultad de abrir un nuevo proceso licitatorio”.

Lo que está en juego, según Costa Brutten, es el futuro del transporte urbano en Bariloche, que hoy presta la empresa Mi Bus, con la intención de asegurarse la continuidad más allá de 2027, cuando vence el contrato.

Cortés consideró que la ordenanza del último jueves para abrogar la anterior “no ingresó en el adecuado análisis respecto de los controles vigentes”. Dijo que sin las prórrogas negociadas con cierta antelación, las empresas concesionarias “se verían limitadas en la posibilidad de efectuar inversiones para la mejora del servicio”, por eso dispuso el veto total de la licitación obligatoria.

Aunque el caso de Mi Bus no está mencionado en la ordenanza y tampoco en el veto, Costa Brutten consideró que lo resuelto por el intendente es “revelador” de que existe un acuerdo entre Cortés, el titular de la concesinoaria Pedro Ponte y el gremio UTA para avanzar con la prórroga.

Señaló que el municipio necesita “transparentar y regularizar” ese mecanismo y opinó que la continuidad de Mi Bus no puede firmarse en las actuales condiciones, dadas los “continuos incumplimientos de contrato”.

El espinoso caso Navtour

Cortés también firmó esta semana el veto de otra ordenanza que había abrogado su resolución de hace dos meses mediante la cual quedó sellado el acuerdo millonario con la empresa Navtour SA, originaria de Neuquén, y que previamente había sido avalado por la comisión de Transacciones.

En ese cuerpo participan el intendente como titular del Ejecutivo, el presidente del Tribunal de Contralor y el presidente del Concejo, Gerardo del Río, quien prestó conformidad sin consulta previa a sus pares, según denunciaron los concejales opositores.

La concejal Julieta Wallace consideró que ese vicio de origen le resta validez al acuerdo, que causaría un impacto de casi un millón de dólares en las cuentas municipales. Dijo que por eso, y en forma excepcional, el Concejo estaba en condiciones de voltear la resolución con una ordenanza.

Admitió que sin esa justificación muy puntual, las resolución del Ejecutivo solo pueden ser anuladas con otra similar. O revertidas en la Justicia.

Según Cortés, “no se ha identificado irregularidad alguna en el procedimiento administrativo” y el acuerdo con Navtour fue derivación de una instancia de “mediación patrimonial”.

Dijo en su resolución de veto que Transacciones se pronunció “por unanimidad” en favor del acuerdo y que “no corresponde al Concejo Municipal ejercer un control posterior sobre decisiones ya aprobadas en dicho ámbito”. Agregó que las eventuales “observaciones” son potestad del Tribunal de Contralor.

El intendente afirmó (como ya lo habían hecho los concejales de su bloque) que el acuerdo se alcanzó “en un contexto de alta probabilidad de condena judicial firme”, con un costo mayor para el municipio.

Esto último, para los concejales opositores, no quedó demostrado de ningún modo y tampoco la mediación fue determinante porque “al acta le falta la firma de la mediadora”.

El Concejo convocó a sesión extraordinaria para mañana con el fin de dar tratamiento a los tres vetos, que quedarán firmes si las ordenanzas en cuestión no son ratificadas con una mayoría de dos tercios.