Deudores alimentarios en la mira: en el Alto Valle debaten frenar trámites y cargos públicos

En distintas ciudades del Alto Valle avanza un proyecto que busca impedir que personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) accedan a habilitaciones comerciales, licencias, beneficios municipales y cargos públicos hasta regularizar sus obligaciones. La propuesta elaborada por los doctores Gabriela Prokopiw y Giuliano Fortunati apunta a sumar consecuencias administrativas al incumplimiento de la cuota alimentaria y reforzar mecanismos locales de control más allá de la vía judicial.

La ordenanza fue presentada en Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Contralmirante Cordero, Campo Grande y ayer Fernández Oro, y tiene diferentes estados de tratamiento legislativo. Campo Grande ya la aprobó, convirtiéndose en el primer municipio de la región en adoptar la normativa.

Una de las impulsoras del proyecto, la doctora Gabriela Prokopiw, señaló que la iniciativa surgió tras detectar que, pese a estar inscriptas en el registro provincial, muchas personas en deuda seguían accediendo a trámites sin restricciones. «Nos encontramos con situaciones en las que, aun figurando en el registro, podían seguir conduciendo, habilitando comercios o accediendo a beneficios como si nada. Era como si el registro no existiera», explicó.

Prokopiw recordó que la ley provincial que creó el Redam funciona como norma marco y necesita adhesión municipal para que tenga efectos concretos. «Si los municipios no adhieren o no establecen requisitos propios, el registro queda vacío de contenido. En la práctica, no sirve de nada», sostuvo.

Según el Registr de Deudores Alimentarios en Río Negro se registran aproximadamente más de 1.600 personas registradas como deudores alimentarios. 

Qué propone la ordenanza que se presentó en el Alto Valle

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El proyecto establece que las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios podrán iniciar trámites municipales, pero solo accederán a permisos provisorios y contarán con un plazo perentorio (45 a 90 días según el tipo de trámite) para regularizar su situación y obtener la autorización definitiva.

Las restricciones alcanzan la renovación de licencias de conducir, habilitaciones comerciales e industriales, concesiones de servicios, inscripción como proveedores del Estado, adjudicación de viviendas sociales y contrataciones municipales. En todos los casos, si no se presenta el certificado de libre deuda dentro del plazo establecido, los permisos caducan automáticamente, se suspende la actividad o se impide el cobro de pagos del Estado hasta acreditar la cancelación o el acuerdo judicial de la deuda.

La abogada aclaró que el objetivo no es imponer prohibiciones absolutas, sino plazos para que el deudor regularice su situación. «El proyecto no dice ‘no pueden sacar licencias’. Lo que establece es que, si están en el registro, tendrán un plazo perentorio para ponerse al día con sus hijos. Pueden obtener una habilitación o licencia provisoria, pero la definitiva requiere regularización y salida del registro», explicó Prokopiw.

Uno de los puntos que se destaca del proyecto es que también apunta a impedir que personas en deuda alimentaria accedan a funciones públicas o sean candidatas sin acreditar libre deuda. «Si alguien quiere integrar una lista, debería exigirse el certificado del REDAM. No puede ocupar cargos estatales quien no cumple con la obligación más básica hacia sus hijos», planteó la autora del proyecto. La propuesta se aplica tanto a cargos electivos como a designaciones dentro de la administración municipal, e incluye la actualización anual del certificado para quienes ya ejercen funciones.

Prokopiw enmarcó la iniciativa en la protección de derechos de la niñez y en la violencia económica. «Los niños y adolescentes tienen derecho a estudiar, jugar, vivir en un hogar cuidado. No pueden salir a trabajar para sostenerse. La obligación es de los adultos responsables y debe hacerse cumplir», afirmó.

También señaló que el incumplimiento se vuelve más complejo cuando el deudor no tiene empleo formal o cambia de situación laboral. «Si no se ponen este tipo de condiciones administrativas, es muy difícil lograr el cumplimiento efectivo, sobre todo cuando no hay un salario embargable o un domicilio estable», expresó.

Además del enfoque municipal, la abogada impulsa un proyecto complementario en la Legislatura para restringir el ingreso a casinos y salas de juego para personas registradas como deudoras, como una medida adicional para desalentar la evasión del pago alimentario.

El debate ahora seguirá en cada Concejo Deliberante, con diferencias posibles entre localidades según la reglamentación final. La aprobación en Campo Grande dejó un precedente que podría acelerar el tratamiento del resto de las ordenanzas en la región.