El asfalto a Meliquina se hace: adjudicaron la obra de la Ruta 63, tras el conflicto judicial con vecinos

La pavimentación de este tramo que completará la Ruta de los Siete Lagos comenzará una vez que termine la veda climática en la cordillera.

El gobierno de Neuquén adjudicó el asfalto de la Ruta 63 hacia Villa Meliquina, tras la decisión de la justicia de rechazar una medida cautelar pedida por vecinos para frenar la obra. Se trata de 19 kilómetros que comenzarán cuando se levante la veda climática que ya empezó a regir en la cordillera.

Según se informó este lunes, la pavimentación demandará una inversión de 29.391.152.442 pesos que serán aportados por fondos propios de la provincia. La empresa ganadora de la licitación que había lanzado la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) en el verano fue CN Sapag.

El gobierno aseguró que «la oferta ganadora fue ostensiblemente menor al presupuesto oficial asignado por el gobierno provincial al momento de efectuar la convocatoria: 32.337.789.546 pesos».

El gobernador Rolando Figueroa firmará el contrato en los próximos días y la empresa deberá avanzar en la presentación de la documentación necesaria para poder dar inicio a la obra en cuanto se levante la veda climática que rige a esta altura del año en la zona cordillerana.

El asfalto a Meliquina se hace: qué había dicho el juez


El tramo a pavimentar va desde el empalme con la Ruta 40 hasta Villa Meliquina, en un entorno paradisíaco que hace que sea considerada una ruta escénica con imponente visual y un recorrido en medio de bosques nativos, que forma parte del circuito de Siete Lagos.

Un grupo de vecinos había pedido una medida cautelar para frenar la obra por considerar que no se había presentado un estudio actualizado de Impacto Ambiental para el proyecto y que la pavimentación de los accesos al pueblo iba a generar un «incremento descontrolado del turismo» que podía derivar en «una crisis ambiental y de salubridad».

El juez José Pusterla rechazó la cautelar en abril pasado al entender que era «prematura» y que la presentación no pudo demostrar cuál sería el «daño irreparable» que generaría el asfalto para la comunidad.

La Provincia, a través del fiscal de Estado Raúl Gaitán, había cuestionado que la mayoría de los demandantes no tenía domicilio permanente en Meliquina. «Buscan mantener la intangibilidad de su residencia vacacional mientras privan de disfrutar los beneficios de una mejora en la conectividad a los residentes permanentes de la villa», fue el argumento.


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