El buque británico en Ushuaia reavivó la disputa por el puerto entre Nación y Tierra del Fuego
El Gobierno dijo que no se violó ninguna ley en el amarre de un buque de bandera británica en Ushuaia. Señaló que previamente el Ejecutivo local había habilitado la operación del petrolero en un sector marítimo responsabilidad de la provincia.
El atraque de un barco petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia generó acusaciones cruzadas entre el gobierno provincial y el Poder Ejecutivo Nacional por la responsabilidad de la operación.
Buque británico en Ushuaia: el Gobierno nacional defendió la operación
La disputa tiene como telón de fondo la intervención que dispuso a principios de este año la Casa Rosada sobre la terminal portuaria.
Los fueguinos amanecieron el lunes con la irritante presencia de la bandera británica ondeando en el mástil del buque petrolero VS Promise amarrado en el puerto local, lo cual desató una serie de quejas.
El barco permaneció en el lugar hasta la madrugada del martes 25 para tareas de reaprovisionamiento.
El puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), disputa que se encuentra en la justicia.
A raíz de esta situación, el gobierno provincial elevó una queja solicitando los motivos por los cuales se autorizó al VS Promise a abastecerse en Tierra del Fuego, situación a la que calificó de “inadmisible”.
«Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, sostuvo el Ejecutivo fueguino.
En respuesta, el Gobierno nacional afirmó que el barco no “incumplió ninguna ley” y le apuntó a la administración del mandatario local, Gustavo Melella.
Lo sensible de la situación llevó al vocero presidencial, Adrián Ravier, a llevar una respuesta escrita a la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la Casa Rosada: «El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para aprovisionarse», inició su relato.
«El barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”, apuntó el portavoz y destacó que “la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio gobierno fueguino quien en primer lugar avaló el ingreso del buque”.
La monoboya es una instalación petrolera flotante en mar abierto que le permite a los buques cargar o descargar sin tener que amarrar en un puerto convencional. Se encuentra en Río Cullen sobre la costa atlántica de la provincia y se utiliza para cargar y exportar petróleo producido en los yacimientos offshore de la Cuenca Marina Austral, entre ellos Hidra, Aries, Carina y Vega Pléyade.
En este contexto, Ravier afirmó que «el accionar del buque no violó ninguna ley» y señaló que «la ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas».
En ese sentido, puntualizó que la Ley Gaucho Rivero «no aplica» y citó los alcances de su artículo 2, que solo restringe las operaciones de buques que estén relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.
“Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto», enfatizó el vocero presidencial.
Ravier aseguró que esta acción no implica “ninguna pérdida de soberanía” y remarcó que “no hay ningún riesgo para el país”.
“En todo caso, el aprovisionamiento de este buque también genera actividad económica dentro de Tierra del Fuego y es una cuestión que estaba bajo la jurisdicción del gobierno de Tierra del Fuego», añadió el vocero al análisis de la situación.
La controversia con el buque petrolero le sirvió a Tierra del Fuego para reinstalar el tema de la intervención de la Nación en el puerto comercial de la provincia.
En un comunicado, la gobernación provincial exigió “el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida considerada ilegítima y lesiva de la autonomía provincial».
Corresponsalía Buenos Aires
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