El Gobierno acelera negociaciones para la reforma laboral en el Senado, en medio de la puja por los fondos

Mientras el gobierno de Javier Milei ajusta la estrategia política para blindar la sesión en el Senado, la letra chica de la reforma laboral expone detalles que impactarán de lleno en la economía real. Más allá de la rosca legislativa, el proyecto introduce cambios estructurales para el sector privado y enciende una luz de alerta roja en las tesorerías provinciales: el costo fiscal de las modificaciones impositivas podría restar 1,2 billones de pesos a la masa coparticipable.

Según publicó Noticias Argentinas, el oficialismo trabaja contrarreloj para garantizar el quórum. Los cálculos que manejan en los despachos de La Libertad Avanza, el gobierno ya contaría con un piso de 33 votos asegurados: los 21 propios, los 3 del PRO, 7 de la UCR y los apoyos provinciales de Salta y Neuquén. Sin embargo, para llegar al «número mágico» de 37, la lupa está puesta en los senadores de Misiones, Chubut y Corrientes, mientras intentan torcer la resistencia de tres radicales «duros»: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

El «manual» para empresas y empleados

El dictamen que se negocia introduce herramientas que el sector empresario venía reclamando, pero con condiciones específicas:

• Indemnizaciones en cuotas: Uno de los puntos más relevantes para las Pymes de la región es la posibilidad de abonar indemnizaciones agravadas en hasta 18 cuotas mensuales. Estas deberán ajustarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual, un esquema pensado para evitar la quiebra de pequeñas firmas ante juicios laborales.
  
• Sueldos en moneda extranjera: El proyecto blanquea una práctica que crece en sectores como la economía del conocimiento y el petróleo. Se establece legalmente que los salarios podrán pagarse tanto en moneda nacional como extranjera, dando seguridad jurídica a los contratos en dólares.
  
• Fin de los aportes solidarios: En un golpe a la caja sindical, se mantendrán los convenios de ultraactividad (las condiciones laborales siguen vigentes tras el vencimiento del contrato), pero caerán las obligaciones de realizar «aportes solidarios» a los gremios y cámaras empresarias, desfinanciando la estructura burocrática de las organizaciones.

La tijera a las provincias

El punto que genera mayor tensión con los gobernadores de todo el país, incluidos Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, es el fiscal. La reforma plantea una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que bajaría del 35% al 31,5%.

Si bien la medida busca aliviar la presión fiscal sobre las empresas para fomentar la inversión, la contracara es una caída abrupta en la recaudación. Como se trata de un tributo coparticipable, el costo no lo paga solo la Nación.

Se estima que esta modificación implicaría una merma de 1,2 billones de pesos en recursos que se distribuyen a las provincias, obligando a los gobernadores a recalcular sus presupuestos para un 2026 que ya se anticipa austero.

El conflicto del fondo de cese

Por último, persiste una traba técnica en el denominado «Fondo de Cese Laboral». La oposición dialoguista exige garantías de que este sistema de capitalización (inspirado en el modelo de la UOCRA) no se financie con recursos derivados de la ANSES o asignaciones familiares, para no desequilibrar aún más el sistema previsional.