El gobierno de Río Negro tendrá dos años para cumplir con el ordenamiento de bosques

La exigencia de relevar y categorizar los bosques nativos para asegurar su preservación -emanada de una ley nacional- continúa incumplida en Río Negro, donde la subsecretaría de Recursos Forestales tendrá 24 meses para elaborar el “mapa” protector, según el emplazamiento que le fijó el Superior Tribunal de Justicia.

El fallo resolvió así un “mandamus” que interpusieron las organizaciones Árbol de Pie y Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, luego de reclamar durante años por vía administrativa y tropezar una y otra vez con la negativa de la provincia a actualizar el relevamiento de bosques, que fue aprobado por única vez en 2010, ya está largamente vencido y nunca se renovó.

El trámite judicial llevó varios meses e incluyó algunas instancias previas, en las que el STJ solicitó informes al área competente del Ejecutivo provincial (que reconoció los incumplimientos) y luego le reclamó que fije un plan de trabajo.

Ese cronograma, con sus intervenciones técnicas y etapas consultivas, se extendía hasta julio de 2027, cuando Recursos Forestales debía definir un proyecto de ley y enviarlo a los legisladores.

El STJ en un primer momento objetó el plazo de dos años, encontró que “a simple vista resulta excesivo”, y pidió que los acorten. Pero el gobierno explicó la complejidad de la tarea, citó como ejemplo lo procesos similares seguidos en otras provincias y convenció a los jueces, que en su última resolución, hace unos días, aprobaron el cronograma.

Le otorgaron al Ejecutivo el plazo de dos años para completar el relevamiento, con obligación de realizar informes semestrales.

Uno de los referentes de la fundación Fadhs e impulsor del mandamus, Tomás Guevara, explicó que esa aceptación del STJ fue un pequeño revés para ellos porque esperaban plazos más cortos. Pero sostuvo que en contrapartida obtuvieron otros logros como la aclaración de que el relevamiento del patrimonio forestal de Río Negro no se debe limitar a los bosques andinos sino también a las formaciones de monte y espinal ubicados en el este del territorio, que hasta ahora fueron ignoradas.

“Es necesario que Río Negro cuente también cuanto antes con un mapa de protección de toda esa zona. Porque ocurre por ejemplo que Buenos Aires en el sur tiene categorizada su área de monte, separada por un simple meridiano de Río Negro, donde el ambiente es el mismo, y no hay protección alguna”, explicó.

El objetivo de Árbol de Pie y la Fadhs es generar un instrumento que contribuya a limitar proyectos inmobiliarios y explotaciones que afecten áreas de bosque. Cuando el mapa esté aprobado deberá delimitar el territorio con categorías por color (rojo, amarillo y verde) tal como lo prevé la ley nacional, que ya tiene plena vigencia y aplicación en otras provincias.

Los riesgos latentes de no contar con el mapa

Guevara afirmó que en Bariloche les preocupa especialmente que, según el mapa “viejo”, hay al menos 8.000 hectáreas del área urbana y semiurbana que quedaron “sin ningún color”, de modo que en los hechos nada impide aplicar talas masivas. Dijo que el municipio se ha escudado en ese vacío para aprobar urbanizaciones como Cerro Lindo, al sur del cerro Otto, que las mismas organizaciones impugnaron en la Justicia, con un pedido de nulidad.

Según el amparista, hay otras zonas críticas por ejemplo en el cerro Catedral y en Península San Pedro que no tienen protección alguna y que están expuestas a impactos similares.

Guevara dijo que el fallo “es un triunfo” porque de otro modo el incumplimiento del gobierno rionegrino podría extenderse otros diez años o “todavía más”. Pero ahora les preocupa “el mientras tanto”.

Las ong que recurrieron al STJ le habían pedido una medida cautelar, hasta que la provincia tenga su protección de bosques aprobada por ley, lo que podría demorar unos 3 años.

Según Guevara, el STJ en su fallo encomendó a Recursos Forestales que mientras avanza con el nuevo mapeo busque “evitar efectos negativos” sobre los bosques, todavía sin ley que los proteja.

Pero consideró que esa disposición es ambigua y “no brinda garantías”. Por eso están decididos a continuar con su seguimiento, por ejemplo en el cerro Otto y en urbanizaciones proyectadas en Catedral. Y si es necesario “judicializar” la exigencia de proteger los bosques con recursos “contencioso administrativos”.