El Ipross contratará una auditoría para controlar las prestaciones de los sanatorios

El Ipross prevé la puesta en marcha de una auditoría externa para controlar prestaciones y facturaciones de los gastos sanatoriales.

Esas erogaciones representan algo más del 20% de los desembolsos por prestaciones del Ipross.
Actualmente, el organismo concluye con la tramitación de un expediente de “contratación directa por urgencia” de un “servicio de auditoría médica en terreno” y de facturación de las atenciones en clínicas y sanatorios.

La presidenta de la obra social, Ivana Porro, estimó que en marzo ya estaría operativo este servicio de auditoría externa, pero aclaró que la “contratación tiene carácter transitorio y se extenderá hasta la adjudicación de la licitación en trámite”.

Simultáneamente, en un comunicado, UPCN -que integra el Consejo de Administración de la obra social- hizo pública ayer su oposición a esa “contratación directa millonaria” y exigió “transparencia”, pidiendo “transparencia” y la suspensión del proceso.

Porro contó de un antecedente en una “auditoría en centros de alta complejidad de Buenos Aires” y destacó los “resultados” porque arrojaron un “ahorro del 26,3%” y, además, consideró este control como “pieza necesaria” en el pretendido paso a un “modelo exclusivamente prestacional” porque es “la herramienta que verifica en el terreno y sobre la facturación que lo que se paga corresponda a lo que efectivamente se prestó”.

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Según el pliego de la contratación, el control prestacional requerido por el Ipross se concentrará en las atenciones de afiliados en las zonas Atlántica, Andina y Alto Valle, fijando una presencia mensual de “hasta 10 centros de Salud” y “1.500 auditorías en terreno”.

La segunda parte de la auditoría prevé una revisión de unos 700 millones de facturación. El trámite de contratación -según el expediente 119/2025— estima un valor de $ 396 millones y registra dos empresas convocadas.

Pyxis Gestión Estratégica SRL cotizó la tarea requerida en $59 millones mensuales, con un total de $354 millones por los seis meses del contrato original.

La segunda firma, Audired SRL, aclara que “no posee operación propia en Río Negro para atender el volumen y los estándares requeridos, motivo por el cual no puede garantizar la prestación del servicio y, en consecuencia, no presenta propuesta”.

Según el pliego, el “objetivo es contratar un servicio unificado y coherente que garantice la calidad y pertinencia de la atención médica de los afiliados de la auditoría en el terreno y asegure la correcta validación y liquidación de las prestaciones facturadas por los prestadores”.

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La contratación llega a 354 millones por seis meses. UPCN objetó ese acuerdo directo, pidió “transparencia” y reclamó se “detenga” el proceso.

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Se afirma que la “información recabada en la auditoría será el insumo principal” y mandatario de la auditoría de facturación”.

La empresa contratada deberá realizar un “censo diario de pacientes internados” y, para eso, se prevé un “relevamiento en los prestadores para mantener un registro actualizado de todos los afiliados internados. Dicho censo, junto con sus autorizaciones, deberá cargarse cada día en la plataforma online” del Ipross.

Las tareas para los profesionales incluyen un “médico-auditor deberá realizar visitas periódicas a los pacientes internados para evaluar la pertinencia de la internación, la correlación diagnóstico-terapéutica y la calidad de la asistencia”.

En la convocatoria, la obra social establece un “volumen de trabajo estimado en referencia”, como la concurrencia a 10 centros médicos, pero, además, se determina que el “servicio debe cubrir, en terreno y posterior a la facturación, un universo de 1.500 internaciones de auditoría mensual”.

Además, el escrito aclara que las “fluctuaciones razonables dentro de este margen no darán derecho a ajuste de precios, salvo que superen el 20% del volumen estimado, en cuyo caso las partes podrán renegociar las condiciones”.

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UPCN y su voto en contra en el Consejo

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En su comunicado, UPCN criticó esa “contratación directa millonaria y exigió transparencia”, planteando que no quiere “ser cómplices de los negocios turbios que el gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) pretende cerrar entre gallos y medianoche”.

UPCN -que integra el Consejo de Administración con la participación de Omar Pizzio como vocal- adelantó que la organización tomó la “decisión política de no firmar la contratación directa” porque se “pretenden regalarle a una empresa privada 59.000.000 por mes”.

Afirmó que la obra social “no es un cajero automático de la política” y una “cifra de esta magnitud exige, por ley y por ética, una Licitación Pública transparente, no un contrato entregado bajo la mesa”.

En otra parte, el gremio asegura que “los afiliados sufren cortes de servicios y demoras en las prestaciones”, mientras que “la gestión de JSRN prioriza contrataciones directas millonarias para «auditorías» que nadie sabe qué controlan”. Al final se pidió detener la “contratación y que se utilicen mecanismos transparentes”.

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