El STJ actuará por el contrato de Río Negro para controlar las licencias
El bloque de Vamos con Todos recurrió a la Justicia para obtener información del vínculo contractual de la Provincia con la empresa Dienst.
La Provincia no entregó el contrato firmado con la consultora privada que controla las licencias de enfermedad otorgadas a los estatales rionegrinos. Tras fallidos intentos para la obtención de esa información, el bloque de Vamos con Todos presentó un mandamus en el Superior Tribunal de Justicia para acceder a esa información pública.
La presentación fue formalizada por el presidente de la bancada, José Luis Berros, recurriendo a un instituto recién habilitado por el Código Procesal Constitucional, que impulsó el STJ y la Legislatura aprobó el año pasado.
Se refiere a los “mandamientos de ejecución” que establece la Constitución provincial -artículos 44 y 45- para “proteger los derechos de las personas frente a acciones u omisiones que violen un deber específico” de la “actuación administrativa del Estado provincial o municipal”. Establece ese mecanismo -según el artículo 22 de la flamante ley 5776- cuando se “acrediten los siguientes extremos”: “los recaudos del amparo genérico”, la “existencia de una prohibición” legal, “la ejecución de actos” en “contradicción” y “afectación por tal actuar de los derechos de los accionantes”.
Desde el año pasado, el bloque de Vamos con Todos elevó tres pedidos de informes para obtener datos y la copia del contrato con la empresa Dients, que fiscaliza las licencias que se otorgan a los estatales del Poder Ejecutivo por enfermedad, de corto plazo.
Las respuestas parciales brindadas han suscitado múltiples dudas” e “incertidumbre sobre la correcta administración”.
Texto de la presentación de Berros en el Superior Tribunal de Justicia.
El Estado rionegrino realizó la contratación con Horizonte, a partir de su ART, y Hacienda se ampara en la condición de sociedad de la aseguradora y elude la entrega de información solicitada, entre ellas, el contrato y el monto total del pago.
Entre sus recursos, Berros remitió cartas documentos al ministro Gabriel Sánchez y la presidenta de Horizonte, Mariana Carballo, también, al gobernador Alberto Weretilneck.
El titular de Hacienda insistió en que la contratación de Dienst pertenece a Horizonte, que “se vincula contractualmente con los organismos de la administración Pública provincial” en el marco de su ART y que “los contratos de la aseguradora con sus prestadores para el cumplimiento de su objeto social no se rigen por el reglamento de Compras y Contrataciones de la Provincia”. La respuesta de Carballo fue en igual sentido.
En el escrito elevado al STJ, Berros remarcó que las “respuestas parciales brindadas han suscitado múltiples dudas en torno a los costos, plazos de ejecución y responsabilidades específicas asignadas a la empresa”. Eso -agrega- “genera incertidumbre sobre la correcta administración de los recursos públicos” “ y que la negativa de “proporcionar detalles” es un “obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública”. Resaltó la “falta de transparencia en el proceso de contratación” con Dienst y los “argumentos inconsistentes” de los funcionarios “refuerzan la urgencia de recurrir a la acción de mandamus”.
Recuerda un fallo del STJ como un “precedente” cuando exigió la entrega de documentación al municipio de Dina Huapi cuando su negativa “vulneraba los principios constitucionales de publicidad y transparencia” También cita antecedentes de la Corte Suprema que ratificó que “la información pública pertenece a los ciudadanos y no al Estado”.
La negativa gubernamental en “brindar acceso al contrato celebrado” con Dienst “contradice las disposiciones constitucionales y legales”, como también, “vulnera derechos fundamentales de acceso a la información pública, afectando el interés público y la confianza en la gestión estatal”.
Expresa que “la reciente sanción del Código Procesal Constitucional (Ley 5776)” representa “una oportunidad histórica para reforzar los principios de accesibilidad a la justicia y garantizar la defensa de los valores”. Este marco permitirá “avanzar en afianzar los derechos de transparencia y publicidad, consolidando una normativa acompañada por una jurisprudencia moderna que priorice el interés público y la rendición de cuentas, avanzando hacia una gestión estatal más abierta y responsable. Llegado aquí, el STJ tiene la posibilidad de marcar un precedente significativo, fortaleciendo la protección de derechos constitucionales y reafirmando el compromiso institucional con los principios republicanos que sostienen la democracia y la transparencia en la Provincia de Río Negro.
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