En Río Negro la ley de Ficha Limpia da un respiro a los políticos hasta el 2027
Está en vigencia la prohibición de ser candidato a quienes tengan condenas por delitos dolosos. Hay dirigentes que quedarían fuera de juego desde ahora y otros esperan la definición de sus juicios.
El 18 de diciembre se aprobó por mayoría la ley de Ficha Limpia en Río Negro. Foto: Archivo
La ley de Ficha Limpia en Río Negro está vigente pero para su aplicación íntegra se deberá esperar a las elecciones provinciales de 2027, un plazo que da alivio a algunos dirigentes políticos vinculados en causas penales en la actualidad aún sin condenas; mientras que en dos municipios que tendrán comicios este año se plasmarán entre sus exigencias que los candidatos a concejales no tengan condenas.
El liderazgo y la vuelta a las cosas
En pleno debate nacional tras la aprobación en Diputados y las dificultades que se analizan para el oficialismo en el Senado para sancionar como ley la Ficha Limpia a quienes quieran ser candidatos, en Río Negro se va un paso adelante porque tiene mayores alcances que los delitos contra la administración pública.
La ley aprobada por mayoría el 18 de diciembre, con 36 votos a favor, 5 en contra, mientras que 5 parlamentarios estuvieron ausentes de la sesión y uno afuera del recinto al momento de votar, exigirá en dos años que las autoridades electorales pongan especial atención en los antecedentes penales de los postulantes de todos los partidos en la fórmula para la gobernación y los candidatos a legisladores.
En Río Negro no solo quedó prohibido que se postulen personas con condenas vinculadas a delitos contra la administración pública, como establece el proyecto nacional en discusión, sino que es más exigente porque restringe la postulación de condenados por cualquier delito doloso común o federal, con sentencia judicial en segunda instancia. Esa restricción se extenderá por el plazo que dure la condena y por 25 años más en el caso de las personas que cometan delitos contra la administración pública y 10 años más para el resto de los delitos.
El miembro informante del proyecto, que remitió el gobernador Alberto Weretilneck, fue el legislador Lucas Pica que exaltó que se trataba de la “ley de Ficha Limpia más potente, más exigente y más fuerte, no solamente de la Argentina sino de Latinoamérica” y mencionó en varias oportunidades de su intervención el “shock de confianza” que se daba a la ciudadanía.
Explicó que con la norma reglamenta de alguna manera el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que solamente los idóneos puedan ocupar cargos públicos y repasó que Chubut, Mendoza, Jujuy, Salta y Santa Fe, al momento del debate rionegrino, ya contaban con leyes de este tipo aunque no tan exigentes como la de Río Negro.
Pica también se encargó de desterrar eventuales planteos judiciales por la presunta afectación del principio de inocencia porque remarcó que se fijan las “condiciones de elegibilidad” y por otro carril van las cuestiones penales.
La radical Lorena Matzen, que también tenía su propio proyecto, al igual que Juan Martin del PRO, repasó que hay unos 20 municipios que ya cuentan con Ficha Limpia, “con variables pero que defienden realmente esta idea de una mejor representación”.
Tomó como sustento para su intervención los fundamentos de un fallo del 2023 del Superior Tribunal de Justicia en un caso municipal (ver aparte) en el que se remarcó que la ley “no implica proscripción”, preserva la “legitimidad de las instituciones” y postula a personas idóneos y quienes “no estén en conflicto con la ley penal”.
En el debate, más allá de los habituales cruces entre legisladores, el vicegobernador Pedro Pesatti también intervino para explicar porque durante su intendencia en Viedma no se trató un proyecto de Ficha Limpia que había impulsado la actual legisladora Roberta Scavo (CC-ARI Cambiemos) y fundamentó que nunca fue trabado sino que no tenía mayoría en el Deliberante en aquel período.
Los políticos que hoy no podrían ser candidatos
Con las exigencias de la ley vigente, por ejemplo, quedarán afuera hoy de la competencia electoral los exministros y funcionarios radicales de la gestión de Miguel Saiz que tienen condenas por la causa sobresueldos (por el desvío de fondos públicos para el pago de adicionales desde 2004 a 2010), a pesar de que aún está en etapa de revisión en la Corte Suprema de Justicia. En ese expediente fueron condenados César Barbeito, Francisco González, Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega, Diego Larreguy, con penas de tres años y medio y dos años y medio.
En el caso de Barbeito, uno de los pocos dirigentes de los condenados que sigue en cierta actividad política desde su ciudad El Bolsón, tiene además otra condena e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos — también en revisión— por el delito de peculado por el uso de una camioneta oficial del ministerio de Educación en el contexto de su campaña en 2010 por la gobernación. También Contreras, que fue ministro de Turismo, tiene otra condena de 3 años de prisión en suspenso, ya cumplida en 2022, pero en caso de querer postularse no podría hacerlo la extensión de 25 años de prohibición para los delitos contra la administración pública.
Entre los dirigentes más actuales de la política, se deberá esperar lo que ocurra en la causa Techo Digno que tiene a 17 exintendentes, algunos en la función pública actualmente como el diputado nacional Aníbal Tortoriello (PRO), la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro (PJ), o los legisladores Gustavo San Román (JSRN), Daniel Belloso (PJ-NE), Luis Ivancich (PJ-NE), Alejandra Más (diputada por el Parlasur) y Javier Iud (actual presidente de Aguas Rionegrinas).
Además de quienes siguen en funciones, están procesados los exintendentes Gustavo Gennuso, de JSRN (con fecha de juicio para octubre); los peronistas María Eugenia Martini, Gilberto Montanaro, Carlos Pilotti, Ariel Baratti y Renso Tamburini; Juan Reggioni (vecinalista), Liliana Alvarado (Frente Grande-Nos Une); y los radicales Germán Epul y Nelson Iribarren.
En la provincia hay antecedentes desde 2014
Según los registros de la Justicia en Río Negro hay antecedentes previos en municipios con exigencias de Ficha Limpia establecidas antes de la ley provincial.
La Justicia intervino en 2023 en dos casos municipales por ordenanzas que establecían la restricción de ser candidatos a personas con condenas. Así el Tribunal Electoral Provincial en marzo de 2023 definió la imposibilidad de ser candidato a intendente y primer concejal a Gerardo Benites Gutiérrez por un partido vecinal en San Antonio Oeste, ya que tenía una condena de un año de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple.
En otro fallo, el Superior Tribunal de Justicia ratificó la prohibición de que el exintendente Juan Reggioni pueda postularse en Fernández Oro por una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua a ocupar cargos públicos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública durante su intendencia en 2015, cuya sentencia fue ratificada por el Tribunal de Impugnación y por el STJ, aunque resta la definición de la Corte Suprema de Justicia.
También existe otro antecedente más lejano, en 2014 cuando el STJ intervino ante una demanda de inconstitucionalidad por la prohibición de que una persona con condena pueda ejercer la función pública que dispuso el artículo 99 de la Carta Orgánica de Villa Regina. Ese fallo, conocido por el nombre de quien objetó la carta magna, José Enrique Rayó (quien más tarde fue intendente interino) sentó jurisprudencia y en ese entonces, 20 años atrás, el máximo tribunal valoró que los convencionales de esa ciudad priorizaron “conductas intachables” de las personas que accedan a cargos públicos en respuesta a “necesidades imperiosas de la sociedad actual que demanda transparencia y honestidad en el actuar político”.
Dos municipios con la lupa en los candidatos
Ñorquinco y Darwin son dos de los nueve municipios que el 27 de abril tendrán elecciones para renovar concejales y donde se aplicará la Ficha Limpia por ordenanzas propias.
En ambas comunas las autoridades electorales locales deberán tener en cuenta las pautas para ser candidato y en caso de apelaciones la revisión quedará en manos del Tribunal Electoral Provincial, que solo interviene en una segunda instancia.
En la actualidad varios municipios rionegrinos cuentan con sus propias reglas de Ficha Limpia, con variables pero mayoritariamente prohibiendo candidaturas a cargos públicas a personas con condenas. Algunos son previos a la ley provincial como Villa Regina, San Antonio Oeste y Fernández Oro, que tienen incluso antecedentes en la Justicia.
También tienen sus ordenanzas de Ficha Limpia Río Colorado, El Bolsón, Allen, Ingeniero Huergo, Valcheta, Choele Choel, Darwin, Ñorquinco, Bariloche. Mientras que en Cipolletti, el intendente Rodrigo Buteler, presentò el proyecto de adhesión a fines de diciembre y debería ser tratado este año. En Roca, la iniciativa surgió de la única concejal opositora y de JSRN, pero sin tratamiento aún y con escasas chances si los concejales de esa ciudad siguen los lineamientos del peronismo a nivel nacional y provincial.
Cómo fueron los posicionamientos en la Legislatura
- La ley provincial de Ficha Limpia tuvo 36 votos a favor, de los bloques JSRN, PRO, UCR, CC-ARI, Primero Río Negro, libertarios (sin bloque reconocido todavía).
- El legislador peronista del bloque Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, acompañó el proyecto, distinguiéndose de sus pares.
- Rechazaron José Luis Berros, Ana Marks, Daniel Belloso, Magdalena Odarda y Fabián Pilquimán, de los bloques Vamos con Todos y PJ-NE, mientras que al momento de votar se ausentó del recinto Pedro Dantas.
- En la sesión que se debatió la ley faltaron los legisladores Leandro García y Luis Ivancich, ambos de PJ-NE; Ayelén Spósito (Vamos con Todos) y Natalia Reynoso (JSRN).
- El vicegobernador Pedro Pesatti intervino en el debate para explicar porque durante su intendencia en Viedma no se trató un proyecto del Ficha Limpia.
La ley de Ficha Limpia en Río Negro está vigente pero para su aplicación íntegra se deberá esperar a las elecciones provinciales de 2027, un plazo que da alivio a algunos dirigentes políticos vinculados en causas penales en la actualidad aún sin condenas; mientras que en dos municipios que tendrán comicios este año se plasmarán entre sus exigencias que los candidatos a concejales no tengan condenas.
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