El oficialismo busca tratar el Súper RIGI el 24 de junio y negocia posibles cambios al proyecto en plenario

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Luego de semanas de poca actividad en la Cámara de Diputados, el Gobierno inició las negociaciones con sus aliados para trabajar en la agenda legislativa. En ese aspecto, el martes se reunió con los jefes de los bloques aliados y les transmitió que apunta a tratar el Súper RIGI el 24 de junio o antes.

Los puntos del proyecto serán evaluados en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, este miércoles a las 15.

El Súper RIGI en la mira

El Super RIGI, es uno de los proyectos que se llevó el foco del oficialismo este año. El proyecto tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas «industrias del futuro«.

La categoría es bastante amplia porque incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Fuentes oficiales explicaron que el cronograma de trabajo en torno al proyecto, contempla al menos dos reuniones de comisiones informativas donde funcionarios explicarán los alcances de la propuesta y luego poder dictaminar en la semana del 10 de junio.

Uno de los aliados que participó del encuentro destacó que los resultados del RIGI incluido en la Ley Bases hasta el momento «son buenos» y estimó que la nueva iniciativa de la Casa Rosada contará con el mismo nivel de apoyo.

El RIGI, entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas. Además, contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

Sectores de la oposición dura alertaron sobre los beneficios «excesivos» que obtendrán las empresas. “Las empresas que van a venir amparadas por este régimen son las que más facturan en el mundo y van a pagar menos impuestos que una PyME con dueños argentinos. Se resigna la recaudación del Estado por décadas”, escribió la diputada camporista Luciana Potenza.

Con información de Infobae