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Explosión en la escuela de Aguada San Roque: claves para entender el megajuicio en Neuquén

Hay tres muertes y fuertes sospechas de corrupción. Están acusados cuatro funcionarios de Obras Públicas del gobierno de Omar Gutiérrez y dos empresarios. Los abogados querellantes pedirán penas de prisión efectiva.

La explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, en la que murieron una docente y dos gasistas, fue producto de la desidia y falta de controles de los órganos estatales creados para prevenir estas tragedias. Además se emitieron certificados y se pagaron trabajos no realizados, por lo que hubo corrupción. Esa es la hipótesis que sostendrán los abogados que representan a las víctimas Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi en el juicio oral que comienza este lunes en Neuquén.

Por la cantidad de testigos y de jornadas de audiencias previstas, es el juicio oral más extenso que se haya realizado a nivel provincial. Hay seis imputados, cuatro de ellos funcionarios del anterior gobierno y dos empresarios, fueron citados 171 testigos, se reservaron 14 días de doble jornada para escuchar declaraciones y alegatos. El cronograma se irá ajustando a medida que avance el debate.

La acusación estará a cargo de dos fiscales (Gastón Liotard y Gabriela Macaya) y cuatro querellantes (Emanuel Roa Moreno, Darío Kosovsky, Juan Kairuz y Federico Egea), que representan a la familia de las víctimas y al gremio docente ATEN.

Enfrente tendrán a cinco abogados defensores particulares: Melina Pozzer, Juan Coto, Martín Segovia, Iván Chelia y Gonzalo Rodríguez.

El Tribunal está integrado por Lisandro Federico Fidel Borgonovo, Maximiliano Bagnat e Ignacio Pombo.

La tragedia ocurrió el 29 de junio del 2021 a las 13:50 en el sector destinado a albergue de las niñas. El gasista Francés y su sobrino Spinedi murieron en el acto, y Mónica Jara falleció el 12 de julio siguiente en Mendoza adonde había sido trasladada en un intento por salvarle la vida.

La contratación de la obra


Aguada San Roque está a dos horas de Neuquén capital. (Matías Subat)

La refacción y ampliación de la escuela albergue fue solicitada por el ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, y la subsecretaría de Obras Públicas se encargó de la licitación. El titular de ese área, ingeniero civil Roberto Vicente Deza, está imputado.

La empresa contratada fue Arte Construcciones, cuyo dueño Héctor Villanueva Montalbán y el representante técnico, arquitecto Diego Bulgheroni son otros dos de los imputados.

Un hombre llamado Eduardo Afione (beneficiado con una suspensión de juicio a prueba) fue subcontratado por Arte Construcciones, según la acusación «de manera irregular».

Afione contrató al gasista matriculado Francés.

La cadena de controles


El ingeniero civil Sergio Percat, empleado de Obras Públicas, debía inspeccionar la obra, pero de acuerdo con la acusación firmó certificados como si hubiera hecho recorridas de manera presencial y se encontraba en Neuquén. También estará en el juicio.

El director de Obras de la subsecretaría Carlos Córdoba y el empleado de ese organismo Raúl Capdevilla debían supervisar a Percat y están acusados de no hacerlo, por eso también se sentarán en este juicio.

Los pagos irregulares


Hay más irregularidades. Se certificó el final de obra el 12 de marzo del 2021, se libró el pago de 533.217,61 pesos (a valores históricos) y no se aplicaron multas por mora. Sin embargo el 29 de junio del 2021 los trabajos en la escuela no estaban terminados.

El 23 de julio siguiente, con la tragedia ya ocurrida, se abonó otro pago a Arte Construcciones por el final de obra.

Las penas previstas


Darío Kosovsky, uno de los querellantes, dijo que «la estrategia de la defensa será culpar la gasista» pero con su trabajo van a demostrar «que todo el expediente es ficticio» y que fallaron «las estructuras que existen para evitar que estos hechos ocurran».

Anticipó que pedirán penas de prisión efectiva para los imputados. Las acusaciones varían, pero los delitos son estrago culposo agravado por el resultado muerte y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que tienen hasta 10 años de prisión.

La dinámica del juicio


En la audiencia de este lunes, la mañana está reservada para los alegatos de apertura de la fiscalía, las querellas y las defensas, además de las cuestiones preliminares (por ejemplo, recursos e impugnaciones).

A la tarde declararán los familiares de las víctimas constituidos en querellantes.

A partir del martes empezarán los demás testigos, en turno mañana y tarde. Está previsto que primero declaren docentes de la escuela y vecinos de Aguada San Roque, policías y miembros de Defensa Civil que tomaron intervención el día del desastre.

A medida que avancen las audiencias convocarán a peritos, criminalistas y expertos en diversas disciplinas, por ejemplo en análisis de aparatos telefónicos. Y más adelante declararán apoderados de empresas aseguradoras y funcionarios de Obras Públicas y del Consejo Provincial de Educación, entre otros.


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