Explosión y muertes en Aguada San Roque: la situación de los funcionarios condenados
La explosión en la escuela albergue del paraje ocurrió el 29 de junio del 2021. La sentencia fue confirmada en segunda instancia y apelada por las defensas ante el Tribunal Superior de Justicia. Semejanzas y diferencias con la causa por planes sociales.
Tres funcionarios de Obras Públicas de la provincia de Neuquén que fueron condenados a prisión efectiva por la explosión que causó tres muertes en la escuela albergue de Aguada San Roque, apelaron la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia.
Se trata de Raúl Alfredo Capdevilla, Carlos Alfredo Córdoba (les impusieron a ambos 4 años de prisión efectiva) y Sergio Percat (5 años) por los delitos de estrago culposo agravado; administración fraudulenta y, en el caso del último de los nombrados, se le sumó falsificación ideológica de documento público.
El fallo penal está confirmado en segunda instancia. Ninguno de los funcionarios fue sancionado en el ámbito administrativo, tampoco les retuvieron el sueldo, y a Percat recién hace diez días le iniciaron un sumario. Los otros dos se jubilaron sin inconvenientes.
Por la explosión en la escuela fallecieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.
El rol de la fiscalía de Estado
Pese a que había funcionarios públicos involucrados, la actuación de la fiscalía de Estado -y del Poder Ejecutivo- en el caso de Aguada San Roque fue distinta que en la estafa con Planes Sociales.
La diferencia sustancial es que no se constituyó en querellante, por lo que no impulsó la acusación junto con la fiscalía penal. En cambio sí lo hicieron el gremio docente ATEN y los familiares de las víctimas.
El juicio de responsabilidad terminó el 3 de septiembre del 2024. También estuvieron imputados el exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza (fue absuelto); el dueño de la empresa contratista Héctor Villanueva (condenado a 3 años en suspenso) y el director de obra Diego Bulgheroni (cuatro años y medio de cumplimiento efectivo).
Cinco meses después la sentencia de la pena: el 13 de febrero del 2025. En el caso de planes sociales la brecha entre ambas instancias se redujo a 3 meses (setiembre-diciembre del 2025).
Los jueces de la explosión en la escuela, Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, aludieron en el fallo a la falta de sumarios: «no deja de llamar la atención la no aplicación de medidas de tipo administrativas que habrían podido ser impuestas o por lo menos iniciadas por la jefatura administrativa de los aquí declarados responsables».
Los que se jubilaron
De acuerdo con la información oficial que obtuvo diario RÍO NEGRO, los imputados Roberto Deza (luego absuelto) y Raúl Capdevilla presentaron sus renuncias para jubilarse el 29 de noviembre del 2023 y el 10 de octubre del 2023 respectivamente, es decir, después de la explosión que causó tres muertes y antes del comienzo del juicio. Se las aceptaron casi de inmediato.
Carlos Córdoba empezó el trámite de renuncia para jubilarse el 14 de febrero del 2025, al día siguiente de que se dictó el fallo que lo condenó a cuatro años de prisión efectiva.
Sin sumarios en contra
Según la información oficial, «la Dirección Superior de Sumarios Administrativos informó que no posee antecedentes de sumarios administrativos» por lo que no hubo objeciones para aceptar la dimisión.
El 26 de febrero, el mismo día que se difundió el texto completo de la sentencia, en el expediente administrativo se adjuntó el proyecto de resolución ministerial para aceptar la renuncia de Córdoba.
Hoy está retirado y no hay información de que se proyecte agregarle a su legajo una mención a que fue condenado en sede penal, como por ejemplo se hizo con Emanuel Victoria Contreras, quien recibió una pena en suspenso en la causa planes sociales.
El único que sigue en actividad
¿Y cuál es la situación de Sergio Percat? La condena a 5 años de prisión tiene la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación especial para ejercer como ingeniero por el término de 10 años.
Sigue trabajando, cobra su sueldo, y el 14 de enero del 2026 la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferrareso, le abrió un sumario administrativo «en virtud de la sentencia penal firme en dos instancias» en su contra.
Es otro punto que aleja los casos de Aguada San Roque y planes sociales: las condenas por la explosión que causó tres muertes en la escuela ya está ratificada en segunda instancia; en cambio la estafa con dinero público será revisada posiblemente en el primer semestre de este año.
¿Cuál es la diferencia? A los fiscales les gusta decir que la ratificación de una sentencia disminuye la presunción de inocencia de una persona, cuyo deseo de fuga tendría el sueño leve y una condena confirmada lo devolvería a la vigilia.
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