Javier Milei desmantela programas clave de género: derogan planes de asistencia a víctimas de violencia
A través del Boletín Oficial, derogaron el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad y el Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por Motivos de Género.
El Gobierno de Javier Milei avanzó en el desmantelamiento de las políticas vinculadas a género y diversidad. A través de la Resolución 466/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles 16 de julio en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación de dos resoluciones clave del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para asistir a las víctimas de violencia de género. Según se argumentó en los considerandos del decreto, estas decisiones se enmarcan en la «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética».
Los puntos clave de los cambios introducidos son:
- Se derogan el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad y el Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por Motivos de Género.
- La justificación oficial se basa en un informe de auditoría que señala «debilidades sustantivas» y falta de eficiencia en el programa.
- El informe indica que un 38% de los casos no tenían seguimiento y un 75% de las acciones activas no se actualizaban en más de seis meses.
- Se alega que el programa «no resultó útil ni cumplió los fines para los que fue concebido» y no está alineado con las prioridades de políticas públicas vigentes.
- La medida busca «reasignar los recursos públicos hacia iniciativas útiles para el bien común y respaldadas por evidencia empírica».
La abrogación de estas herramientas se enmarca en la visión del Gobierno de una «simplificación de la intervención estatal», promoviendo una Administración Pública más «ágil, eficiente y orientada a resultados», bajo los principios de austeridad y reorganización de recursos.
El Gobierno de Javier Milei elimina políticas sobre género: los argumentos
La resolución se fundamenta en un informe de Auditoría Interna del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (N° 5/UAI#MMGYD/2023), que, según el texto oficial, identificó «debilidades sustantivas» en los circuitos operativos, el sistema de registro, la supervisión de casos y la autosuficiencia documental del Programa Acercar Derechos.
El informe, de acuerdo con la resolución, reveló que el 38% de los casos asistidos por el programa no registraban acciones de abordaje o seguimiento, el 75% de las acciones activas no se habían actualizado en más de seis meses, y el 26% de los casos carecía de una estrategia integral de abordaje, lo cual, según el Ministerio de Justicia, comprometía la trazabilidad, el control y la efectividad del acompañamiento.
Asimismo, se observaron falencias en el cumplimiento de requisitos formales, como la falta de vinculación entre registros y la ausencia de firmas en informes.
La resolución instruye a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa para que adopten las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementación de esta decisión.
La medida busca, según el texto oficial, reasignar recursos hacia iniciativas «útiles para el bien común y respaldadas por evidencia empírica», lo que implicará una redefinición de cómo el Estado abordará la problemática de la violencia por razones de género.
Preocupación por la eliminación de políticas de género: qué implica
La derogación de estos programas y registros genera preocupación en organizaciones sociales y especialistas, quienes advierten sobre el posible impacto en la atención y protección de personas en situación de violencia por motivos de género.
El Registro de Organizaciones Sociales permitía sistematizar la información de entidades clave en la promoción y protección de derechos, mientras que el Programa Acercar Derechos ofrecía una respuesta integral a las necesidades de mujeres y personas LGBTI+ en contextos de violencia, abordando simultáneamente distintos derechos vulnerados.
Si bien el Gobierno argumenta ineficiencias en el pasado, la eliminación de estas herramientas sin la propuesta explícita de alternativas concretas plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad de la asistencia y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado Nacional en materia de políticas de igualdad y diversidad, competencia que fue reasignada al Ministerio de Justicia tras la disolución del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
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