La Justicia archivó una denuncia contra la exgobernadora Carreras: cuáles fueron los argumentos del fiscal

La denuncia penal de las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito (Vamos con Todos) en contra de la exgobernadora Arabela Carreras por el acuerdo con la empresa israelí Mekorot no prosperó en la Justicia.

El contrato cuestionado se vinculó con un asesoramiento técnico y aportes de “lineamientos de uso sostenible de los recursos hídricos de Río Negro”.

En el 2022, Carreras integró una delegación nacional que viajó a Israel y, posteriormente, en el 2023, se firmó el convenio de consultoría con Mekorot, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El fiscal Guillermo Ortiz desechó directamente esa presentación porque no existió delito en el accionar cuestionado. En su escrito, formalizado en marzo pasado, las parlamentarias requirieron que se investigue a Carreras por “abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Una acusación se vincula con que la entonces mandataria “se entrometió en competencia que no era suya o propia como titular del Poder Ejecutivo”, considerando que esa facultad pertenece al DPA, y además se planteó que el convenio original “entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Mekorot es inconsulto, sin la participación provincial”. Agregan que existió una “entrega flagrante a una entidad internacional de Israel de la soberanía provincial, con un pretenso plan maestro para la utilización del recurso”.

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El costo del estudio hídrico de Mekorot fue fijado en un millón de dólares, contratado y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

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En su resolución, el fiscal repasa los argumentos de las denunciantes y, entre ellos, la utilización de la información recogida en Río Negro y se “está entregando la soberanía provincial, aceptando la prórroga de la jurisdicción a Inglaterra para dirimir controversias”. Menciona además la acusación de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” porque el convenio no pasó por la Legislatura y se omitió su publicación en el Boletín Oficial.

En su análisis, Ortiz no coincide con las denunciantes con el «rango internacional bilateral entre dos estados para el convenio de consultoría” entre Mekorot y el CFI, como también, que la Provincia no es parte y no hay “obligación alguna asumida”. Así niega que la exgobernadora “deba informar o dar conocimiento a la Legislatura”, “firmar decreto”, “realizar acto administrativo” para su publicidad. Afirma que “claramente no se encuentra el trámite de análisis de la gestión del recurso hídrico de Río Negro en una etapa que requiera de publicación”.

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Después, el fiscal describe la actuación del DPA en instancias preliminares, con estudios para el CFI que finalizarían en la mencionada vinculación con Mekorot, cuya asistencia se corresponde con el asesoramiento para “definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos de Río Negro y la adquisición de las capacidades necesarias para su gestión sostenible”.

Así resaltó que “no es correcto sostener la existencia de falta de participación del Estado Provincial, más puntualmente de la autoridad de aplicación (DPA)” y, luego, indica que parte de los estudios ya fueron entregados a la Provincia, rechazando la aludida “confidencialidad” y que los resultados no serían conocidos por la Provincia.

Finalmente, Ortiz no comparte las acusaciones de las legisladoras de que Carreras “habría tenido un actuar abusivo de su poder, arbitrario, incumpliendo sus deberes” o que “no se ejecutaron resoluciones u órdenes”, “cuyo cumplimiento es imperativo”. Mucho menos -agregó- cabe la posibilidad de que la denunciada pudiera haber obrado con un actuar doloso” para concluir que no observó “la configuración de delito alguno” y, por consiguiente, desestimó la denuncia de Odarda y Sposito.