La Ley de Financiamiento Universitario se definirá en la Corte Suprema: concedieron el recurso del Gobierno
Desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que esto implica la suspensión de la cautelar que obligaba a la administración de Javier Milei a actualizar salarios y becas en educación. Cómo sigue el conflicto.
El Gobierno de Javier Milei aseguró que de esta manera se suspende la ley aprobada por el Congreso. Foto: Gentileza.
La prolongada y tensa disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La Cámara Contencioso Administrativo Federal le otorgó un guiño judicial a la administración de Javier Milei al habilitar que el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario llegue de manera directa a la Corte Suprema de Justicia.
La decisión fue tomada por la Sala III, que concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional frente a la medida cautelar que lo obligaba a cumplir de inmediato con los artículos centrales de la normativa, específicamente aquellos vinculados a la actualización de salarios docentes y no docentes, y al pago de becas.
Los fundamentos del fallo y el rechazo a la «gravedad institucional»
En su escrito, la Cámara sostuvo que aunque la decisión apelada «no reviste el carácter de sentencia definitiva«, correspondía emitir un fallo «en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario».
Los magistrados fundamentaron que el planteo del Ejecutivo nacional involucra directamente la interpretación de normas federales (como las leyes 24.629, 24.156 y 27.798) y que la decisión previa de la Cámara había resultado contraria a las peticiones del Estado.
Sin embargo, el tribunal propinó un revés argumentativo al oficialismo al rechazar la supuesta «gravedad institucional» que invocaba la Casa Rosada. Los jueces fueron tajantes al afirmar que la eventual intervención de la Corte Suprema «no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional de la accionada», sino que únicamente «tiende a remediar un simple interés patrimonial de carácter individual».
Además, remarcaron que el Estado no logró demostrar «la real y concreta frustración de un derecho federal».
Conflicto universitario: el Gobierno aseguró que se suspende la ley de financiamiento
El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que asevera que lo decidido por el tribunal «implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar».
COMUNICADO OFICIAL.@JMilei pic.twitter.com/qb56drDOH6
— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 7, 2026
Sin embargo, desde TN resaltaron que la resolución firmada por los jueces Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira no revierte la cautelar que actualmente se encuentra vigente, sino que abre formalmente la puerta para que el máximo tribunal intervenga y defina una de las batallas políticas y presupuestarias más fuertes entre la Casa Rosada y el sistema de educación superior.
De esta manera, con el expediente ahora en manos de la Corte Suprema, la cual deberá decidir si toma el caso y qué alcance le da al reclamo, la discusión política continúa abierta.
En paralelo al frente estrictamente judicial, el Gobierno nacional avanza con negociaciones internas en el Congreso para impulsar una nueva ley que logre reducir el costo fiscal de la norma vigente.
La intención del oficialismo para el ejercicio presupuestario 2026 no es eliminar la actualización de las partidas, sino distribuirlas de manera gradual y mensual, evitando un impacto de lleno en las arcas del Estado.
Mientras tanto, dentro del sistema universitario reina la cautela. Sectores académicos, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), prevén que este nuevo recorrido judicial demore aún más la ejecución de los fondos y anticipan que cualquier eventual pago por parte del Ejecutivo se realizará de forma escalonada, descartando un desembolso retroactivo total e inmediato.
El trasfondo del conflicto presupuestario
El eje de la disputa gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma cuya ejecución es resistida por el Gobierno desde que la vetó parcialmente en 2025, decisión que luego fue contrarrestada cuando el Congreso insistió con su sanción original.
La postura oficial sostiene que la ley no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos requeridos ni cuáles son las fuentes de financiamiento concretas, argumentando que su aplicación inmediata pondría en jaque el equilibrio fiscal.
Este argumento ya había sido desestimado por la propia Sala III el pasado 31 de marzo, cuando ratificó que el Gobierno no podía suspender la aplicación de una ley del Congreso amparándose en una norma anterior de igual jerarquía.
La prolongada y tensa disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La Cámara Contencioso Administrativo Federal le otorgó un guiño judicial a la administración de Javier Milei al habilitar que el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario llegue de manera directa a la Corte Suprema de Justicia.
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