La licitación demorada de los radares provinciales de Río Negro frena el control en las rutas
Los cinemómetros de los accesos a Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande están instalados pero apagados desde julio del año pasado.
En Villa Regina hay radares de la provincia que siguen apagados hasta que se resuelva la concesión. Foto: Archivo
En enero venció el contrato con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) que manejaba los radares de velocidad de la provincia de Río Negro en accesos a ciudades sobre rutas nacionales y la elaboración de la licitación lleva cinco meses de demora.
La consecuencia es que los cinemómetros de velocidad provinciales están instalados pero apagados desde julio del año pasado cuando se aprobó la ley 5726 que reguló el uso de los dispositivos. Llevan diez meses sin controles en los accesos a Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande.
Los radares que sí funcionan son los administrados por municipios que tienen la autorización de la Agencia de Seguridad Vial y corresponden a suma Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Contralmirante Cordero, General Conesa y Darwin.
Los motivos de la demora de la licitación no están claros. La tarea está en manos del ministerio de Seguridad y Justicia porque en esta cuestión administrativa se desplazó a la Agencia de Seguridad Vial, que es el organismo encargado.
En febrero el propio ministro Daniel Jara dijo ante la consulta de este diario que los técnicos trabajaban en los pliegos y era cuestión de semanas su publicación. En mayo desde el ministerio repitieron la misma respuesta y en las últimas semanas no hubo información oficial.
Extraoficialmente Diario RÍO NEGRO pudo conocer que los pliegos están bajo la revisión de la Fiscalía de Estado, que debe revisar todos los contratos, licitaciones y compras que realiza el Gobierno. No hay plazos precisos para la licitación.
La empresa que tenía la concesión de los radares había ganado la licitación de 2019 y comenzó a operar en enero de 2020, con un plazo de 5 años. El acuerdo consistía en la captura, digitalización y procesamiento de las infracciones de tránsito por exceso de velocidad en los accesos a las seis ciudades donde una ruta transita por un área urbana sobre las trazas de las rutas 22, 250, 151 y 3.
La concesionaria anterior se quedaba con el 48% de las multas cobradas a los infractores.
Las nuevas condiciones para la futura concesionaria deberán estar plasmadas en el pliego, si finalmente se concreta la licitación.
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