La reforma de la Carta Órganica del BCRA se presentaría en partes: la letra chica del proyecto que busca aprobar el Gobierno

El Gobierno decidió desmembrar el paquete económico para garantizar la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central. El congelamiento presupuestario y la penalización a la emisión quedarán relegados para el segundo semestre por falta de acuerdos en el Congreso.

Redacción

Por Redacción

Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

A sabiendas de que no cuenta con las mayorías automáticas en el Parlamento, el Gobierno nacional resolvió desarmar su paquete económico más ambicioso y enviarlo en etapas al Congreso. Ante el riesgo de un bloqueo opositor, la Casa Rosada desconectó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) de las iniciativas más polémicas, como el mecanismo de «cierre» administrativo por déficit y las penas de prisión por emisión monetaria.

El anuncio formal será grabado por el presidente Javier Milei desde el Salón Blanco de Casa Rosada y transmitido en cadena nacional, en un intento por dotar de volumen político a un plan que considera el corazón estructural de su programa económico.


La estrategia en el Congreso: asegurar el BCRA y postergar lo más duro


La decisión de fraccionar el «combo» ideado junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el titular del Central, Santiago Bausili, obedece a un pragmático cálculo legislativo. Mientras en Balcarce 50 aseguran que la reforma del órgano monetario tiene «mucho envión» para avanzar, reconocen que el resto de los puntos genera fuertes resistencias en las bancadas aliadas y provinciales.

El cronograma oficial de envíos se dividirá en dos etapas bien marcadas:

  • Primera fase (Inmediata): modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica del BCRA para eliminar el «mandato múltiple» incorporado en 2012 y la prohibición tajante de otorgar adelantos transitorios al Tesoro para financiar el gasto público.
  • Segunda fase (En diferido para el segundo semestre): la implementación de un mecanismo de «shutdown» o cierre gubernamental ante desviaciones presupuestarias y la reforma del Código Penal para tipificar la emisión monetaria como delito.

La letra chica del «shutdown»: qué áreas quedarían a salvo


El punto más ríspido del paquete es la iniciativa que busca forzar la parálisis de áreas de la administración si el Ejecutivo se excede en el presupuesto aprobado sin aval parlamentario. Para aplacar la alarma en las bancadas de la oposición dialoguista, en la Casa Rosada ya comenzaron a precisar las excepciones de la medida.

Las claves del proyecto de cierre administrativo contemplan:

  • Protección de servicios esenciales: quedarán expresamente blindados los denominados «gastos gatillo» vinculados a Seguridad, Salud y Educación.
  • Áreas afectadas: el congelamiento o parálisis recaerá en forma exclusiva sobre gastos corrientes no esenciales y pagos a proveedores.
  • Dudas técnicas: en el propio oficialismo admiten que la redacción sobre la tipificación penal por emisión monetaria aún presenta vacíos legales que demorarán su envío para la segunda mitad del año.

Negociación paralela con los gobernadores y las PASO


El desembarco de los proyectos en la Cámara de Diputados o en el Senado —donde operan los resortes de Martín Menem y Patricia Bullrich— se dará en simultáneo con otra negociación de alto voltaje político.

De forma paralela, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceleran los contactos con los mandatarios provinciales para intentar tejer los consensos necesarios para suspender las elecciones PASO del año próximo, una discusión donde el Gobierno tampoco tiene garantizados los números.


A sabiendas de que no cuenta con las mayorías automáticas en el Parlamento, el Gobierno nacional resolvió desarmar su paquete económico más ambicioso y enviarlo en etapas al Congreso. Ante el riesgo de un bloqueo opositor, la Casa Rosada desconectó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) de las iniciativas más polémicas, como el mecanismo de "cierre" administrativo por déficit y las penas de prisión por emisión monetaria.

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