Mapuches acusados de usurpación en Mascardi se defendieron ante el juez

Cinco de los seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que están acusados de usurpación y despojo de tierras en la zona de Mascardi prestaron hoy declaración indagatoria ante el juez federal Alejandro Silva y coincidieron en mostrarse como víctimas de una persecución que les impide ejercer su “derecho al territorio”.

El juicio iniciado en febrero último está centrado en la ocupación que la lof inició en 2017 y abarcó el hotel IOS, donde Parques Nacionales proyectó alguna vez instalar la escuela de guardaparques, más otros predios contiguos como Los Radales y La Escondida. Las audiencias entraron en su tramo final y para el viernes están programados los alegatos.

Luciana Jaramillo fue la primera en tomar la palabra, y la siguieron Romina Rosas, Matías Santana, Celeste Güenumil y la machi (autoridad espiritual) de la comunidad, Betiana Colhuan. Solo se negó a declarar Jésica Bonnefoi.

Todos se quejaron la hostilidad atribuida a las fuerzas de seguridad durante los cinco años que permanecieron en Mascardi, también relataron en detalle el desalojo que desactivó la ocupación, dispuesto en octubre de 2022 por la entonces jueza Silvina Domínguez. Pero nada dijeron sobre las usurpaciones de las que están acusados. Solo respondieron preguntas de sus defensores, que tampoco abordaron esos hechos.

Tal como lo hicieron en otros juicios los referentes mapuches en sus extendidas exposiciones se presentaron como “presos políticos” y desplegaron fuertes críticas hacia “el Estado”, al que acusaron de diversos “atropellos”.

Rosas tenía un embarazo a término cuando fue detenida en el desalojo y contó cómo fue el parto, días después, en el hospital zonal. Betiana Colhuan dijo que los efectivos de seguridad irrumpieron en el territorio aquella mañana de 2022 encapuchados, con lanzamiento de gases, amenazas y “a los tiros”, y que la obligaron a tirarse al suelo con su bebé de cuatro meses. Jaramillo dijo que sufrieron grave maltrato “físico y psicológico” en la detención, en los traslados y el alojamiento durante los primeros días en la cárcel de Ezeiza, hasta que fueron devueltas a Bariloche.

“Nuestro pueblo está sometido, pero está más vivo que nunca -afirmó la mujer-. Ojalá la sociedad no mapuche lo viera así”. Rosas dijo que el desalojo y el trato posterior que recibieron “fue todo a la fuerza, con mucho atropello”.

“No estamos en venta”

Colhuan denunció que son “víctimas de la avanzada genocida que inició Roca” y habló en defensa de su “rehue”, una talla de madera que funciona como espacio sagrado, en el predio del que fueron desalojados, y que todavía está en pie, como todas las partes que intervienen en el juicio pudieron comprobarlo el viernes pasado, durante un reconocimiento del lugar.

“Tenemos derechos como pueblo preexistente -sostuvo la machi-. Y los intentos por solucionar esto (por el conflicto de Mascardi) no avanzaron porque no hubo voluntad política. Para la policía y para el gobierno no somos gente”.

También deslizó que en algún momento recibieron otro tipo de propuestas, que se apuraron a rechazar. “Nos ofrecieron plata, pero no estamos en venta”, aseguró.

A diferencia de las mujeres, Santana estuvo prófugo y recién fue detenido en febrero de 2024. En su testimonio refirió que nunca se había escondido. “Anduve en marchas, hice notas, pero cuando me detienen me declaran en rebeldía, por presión de los grupos racistas y supremacistas como Consenso Bariloche”, acusó.

Dijo que están hoy “sentados en el banquillo” por ejercer un derecho “que es justo”, ya que el territorio “es esencia para el mapuche, para ejercer espiritualidad, para desarrollarse como pueblo”.

Santana señaló que son “pobres” y enfrentan dificultades para subsistir en el medio urbano. En su caso tiene oficio de albañil y de platero, pero carece de territorio y no puede “ni sembrar una papa”. Entendió que pueden explorarse vías de entendimiento. “Se puede convivir. Hay gente que no es mapuche y tiene capacidad de entender el reclamo”, sostuvo el joven.

Y agregó: “no vengo acá a pedir favores, sino a que entiendan que el choque de culturas que se está dando, y si no se atienden los derechos, este banquillo va a estar sobrepasado de mapuches. Porque el conflicto no va a terminar”.

Algunos de los relatos de las mujeres mapuches se quebraron con sollozos, por ejemplo el de la machi Betiana y también el de Celeste Güenumil, cuando recordó que su familia era “sobreviviente de campos de concentración” y su abuelo no pudo transmitir la cultura y la espiritualidad mapuche debido a las persecuciones.

La machi recordó que el Estado había desconocido el acuerdo “por siete hectáreas” que les serían cedidas a la comunidad, según lo firmó el gobierno anterior, durante la presidencia de Alberto Fernández y que luego fue dejado sin efecto.

El modo de vida

El interrogatorio de los defensores Laura Taffetani, Eduardo Soares y Gustavo Franquet aceptado por los acusados estuvo dirigido a precisar cómo era la convivencia en la comunidad cuando estuvo asentada en Mascardi, las prácticas y actividades, si respetaban la naturaleza -por ejemplo- en la recolección de leña y cómo eran los partos realizados en el mismo territorio.

Otra pregunta estuvo dirigida a saber a quién pertenecían las tierras que se los acusa de usurpar antes de la creación de Parques Nacionales. “Era todo territorio mapuche”, fue la respuesta.

Los mensajes de los imputados insistieron en el derecho que reivindica la comunidad mapuche a recuperar esos espacios y “desarrollarse como pueblo”.

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Un planteo rechazado a la querella

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Luego de escuchar las indagatorias, el juez Silva propuso dar por cerrada la etapa de aporte de pruebas, pero la abogada querellante en nombre de parques nacionales Natalia Cardozo pidió incorporar como antecedente la causa judicial iniciada en 2014 por el incendio del refugio Neumeyer, en el valle de Challhuaco, y en el que estuvieron investigadas -según dijo- Betiana Colhuan y Luciana Jaramillo, ahora acusadas por los hechos de Mascardi.

Argumentó que ambas en aquel momento reivindicaban su pertencia “a otra lof” y no a la Lafken Winkul. Los defensores se opusieron y una de ellas, Laura Taffetani, advirtió que en aquel momento la Machi Betiana era menor de edad e “inimputable”.

El juez Silva dio a entender que el planteo no correspondía y que “Santana también dijo que pertenecía a otra lof” con anterioridad. El abogado Soares recordó la existencia de fallos internacionales que condenan al Estado argentino por desconocer que “las comunidades se dividen” y sus miembros pueden cambiar de pertenencia.

Después de escuchar a las partes el juez rechazó la incorporación como antecedente del juicio de 2014. Entendió que “no hay conexidad” con la causa de Mascardi y le advirtió a la abogada querellante que no podía ser una prueba de cargo contra alguno de los acusados el hecho de que hayan cambiado de lof.

Y eligió un argumento elocuente: ”Lo único que no se cambia es el cuadro de fútbol. Después las cosas van y vienen, en todos los órdenes de la vida” dijo Silva.

Recordó luego que el próximo viernes se iniciarán los alegatos, que serán con límite de tiempo, y que quedarán para el 26 de mayo “las réplicas, dúplicas y las palabras finales” de los imputados. Su intención, agregó, es dar el veredicto ese mismo día, o a lo sumo el martes 27.