Conflicto en Villa Mascardi: Nación intentó negociar la entrega de predios usurpados a mapuches

Así lo reveló ayer el secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional. Dijo que se hicieron esfuerzos para avanzar con esa propuesta, pero la comunidad Lafken Winkul Mapu no quiso registrarse en el INAI. La fiscal federal informó que les ofrecieron tierras.

El gobierno nacional intentó “negociar” con los integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu la entrega de los predios que usurpaban para resolver el conflicto y evitar los desalojos. Sin embargo, las gestiones, que se hicieron en absoluta reserva-porque nunca se informaron- fracasaron. Así lo reveló ayer el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien contó que desde hace un año y medio que venían “trabajando con la comunidad”.

“A partir de la intervención de la Secretaría (de Derechos Humanos) hay un pedido al Poder Judicial para ser facilitadores de las negociaciones. Eso se hizo durante un año y medio, reuniones de trabajo con la comunidad y el Poder Judicial que tenía la causa”, relató Pietragalla, en declaraciones a la prensa, en Santa Rosa, La Pampa.

“El Estado nacional arbitró todo para poder reglamentar esa permanencia de ellos en ese lugar. Hasta que ellos se bajaron de la negociación”, aseguró el funcionario, según publicó el diario de La Pampa.

“Hicimos un esfuerzo muy grande para que puedan tener legalmente esas tierras. Fue un trabajo difícil”, aseveró. “El Estado empezó a negociar para que sean tierras relevadas por el INAI y a partir de ahí registrar a la comunidad y que puedan acceder legalmente, como otras”, señaló.

Dijo que los miembros de la comunidad “plantean cuestiones ancestrales”. “Hay una machi, es la única que tiene el país. Ella declaró que ese lugar es sagrado, hay que contemplarlo de una manera diferente”, señaló. Y reiteró: “Hicimos todo el esfuerzo, pero la misma comunidad decidió dejar la negociación al no querer registrarse en el INAI como comunidad”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos también manifestamos nuestro desacuerdo para armar un comando”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos también manifestamos nuestro desacuerdo para armar un comando”.

Además, Pietragalla criticó ayer el “comando conjunto” de fuerzas federales implementado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, para intervenir en el conflicto de Villa Mascardi.

También, lanzó dardos hacia la jueza federal Silvina Domínguez por las detenciones de las 7 mujeres mapuches en el operativo de desalojo de los predios usurpados, que las fuerzas federales ejecutaron el 4 de octubre último. Y objetó el traslado de 4 de las arrestadas a la cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires.

Desde la justicia federal explicaron que habían sido enviadas hasta ese penal de Mujeres porque no había una cárcel para alojarlas en la región.

La semana pasada, Elizabeth Gómez Alcorta renunció a su cargo al frente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tras manifestar críticas en el mismo sentido que Pietragalla.

La causa

La fiscal federal interina de Bariloche, Cándida Etchepare, imputó a las 6 mujeres mapuches detenidas por haber formado parte del grupo que atacó con armas de fuego y piedras la noche del 25 de septiembre pasado a cinco gendarmes que custodiaban el predio Los Radales, en Villa Mascardi. Los gendarmes se replegaron. Los agresores incendiaron un tráiler que los efectivos de Gendarmería usaban para resguardarse. De esa forma, se apoderaron de la posesión de esa propiedad.

Además, la fiscalía acusó a las mujeres por la usurpación del predio perteneciente a la Administración de Parques Nacionales, donde estaba el exhotel Mascardi, que fue destruido y desmantelado por completo.
Los predios fueron desalojados la mañana del 4 de octubre último por orden de Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche. Unos 250 efectivos, sobre todo de la Policía Federal, ejecutaron los allanamientos y desalojos.

La jueza había ordenado detener a las personas que se encontraran en el lugar. Solo hallaron mujeres y niños. Los varones huyeron hacia la montaña.

Parques Nacionales ofreció reubicarlos en otras tierras cercanas, del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe. Nada alcanzó”.

Cándida Etchepare, fiscal federal interina de Bariloche.

Pietragalla responsabilizó a la justicia federal por lo que ocurrió en Villa Mascardi. Dijo que la justicia “pidió detener a las personas que estaban ahí. No fue una decisión del Ejecutivo”.

“Estamos en contra, obviamente, nos pidieron el traslado a Ezeiza con madres y niños. Dijimos que eso no iba a pasar. Ni mujeres embarazadas ni con niños”, advirtió ayer. “Quedaron en Bariloche y se trasladó a tres mujeres a Ezeiza”, recordó.

No estoy de acuerdo con ese traslado. Tendrían que haber permanecido, como dicen las normativas internacionales, detenidas en el lugar donde hubo el incidente”, sostuvo.

Respecto al procedimiento, afirmó que el Poder Judicial “tomó la decisión de cómo llevarlo adelante”. “No estuvimos de acuerdo tampoco con armar un comando para este tipo de problemáticas”, aseguró.

Me puse en contacto con el ministro de Seguridad para que no haya armas letales en el desalojo y no hubo persecución sobre las personas, fue un desalojo y nada más, las personas se fueron para la montaña”, aclaró.

“Persecución hubo en el gobierno de Macri, cuando Patricia Bullrich dijo que entre Gendarmería y persiga, y murió Santiago Maldonado”, afirmó. “También entraron con armas letales y mataron a Rafael Nahuel.

Pero la Secretaría es querellante en esa causa (en la que hay cinco albatros imputados), dio vuelta la estrategia de Prefectura Naval para que el caso quede impune y va a haber condenados por un asesinato y dos heridos con armas de fuego, porque se viene un juicio”, destacó Pietragalla.


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