Neuquén define el narcotest a políticos, policías y jueces: hay disputa por la periodicidad, el costo y las sanciones

El control «antidoping» para integrantes de los tres poderes del Estado en Neuquén podría avanzar esta semana en la Legislatura y lograr el primer despacho de comisión que necesita, antes de la votación en el recinto. Hay tres aspectos sobre los que aún no hay consenso: con qué periodicidad se exigirá el test, quién asumirá el costo y si será una causal de remoción, esto significa si un resultado positivo puede expulsar a una persona de la función pública.

La propuesta de realizar exámenes toxicológicos al gobernador, diputados, diputadas, jueces, fiscales y policías (con función de seguridad y penitenciaria) la hizo Rolando Figueroa en el discurso de apertura de sesiones de este año, cuando aseguró que para ser «coherentes con esta lucha» (por el narcomenudeo) había que debatir una ley que fijara «controles voluntarios y aleatorios para detectar el consumo de drogas en los funcionarios públicos».

Tanto el oficialismo como la oposición presentaron sus proyectos, por lo que no hay dudas de que se aprobará.

En el último borrador, que sintetiza las cinco iniciativas, se establece que los exámenes deberán detectar la presencia de sustancias psicoactivas no prescriptas médicamente «en forma enunciativa y ejemplificativa» algunas de las que menciona son: alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, alucinógenos, heroína, ketamina. Habrá que ver si el proyecto final conserva o no esta enumeración.

En cuanto a quiénes abarca el espectro es amplísimo. En el caso del Ejecutivo no sólo el gabinete. También presidentes de entes, directores provinciales y hasta el fiscal de Estado. En el Judicial funcionarios y funcionarias sin restricción de área o materia. Incluso consejeros de la magistratura. La letra chica sobre los límites está en disputa.

La pulseada la va ganando quienes pretenden que el test no sea voluntario, como pedía Figueroa, sino obligatorio, periódico y aleatorio.

Traducido: habrá un plazo, a partir de la sanción, para que las personas que ejercen cargos actualmente y están comprendidas en la ley presenten el primer examen. Después de forma azarosa (habrá que ver con qué método) podrán ser testeadas. Además un segmento específico deberá examinarse sí o sí una o dos veces al año (el personal policial o fiscales que investiguen narcomenudeo, seguramente). Un aspecto a definir es qué pasará con las candidaturas a cargos electivos (ver aparte).

La autoridad de aplicación será el ministerio de Salud, que ante un positivo evaluará si se trata de un consumo ocasional, dependencia o una prescripción médica omitida. En cualquier situación podrá «coordinar mecanismos de derivación, seguimiento y acompañamiento en casos de consumo problemático».

El espíritu del borrador no apunta, tal y como está redactada ahora, a un enfoque de cuidados de la salud (prevención y abordaje), sino más bien a un “narcotest” para barrer funcionarios que no se ajustan a los “estándares de ética y responsabilidad”.

Ese es justamente uno de los aspectos en los que no hay acuerdo: el castigo. Está previsto que el primer positivo no sea definitivo y se pueda hacer una contraprueba. Pero si el resultado se mantiene, ¿implicará la suspensión sin goce de haberes por un determinado período de tiempo, la imposición de una sanción administrativa o la persona tendrá que dejar automáticamente el cargo para el que fue electo o designado?

El tema más controvertido de todos es el gasto que conllevará la implementación de la ley. ¿Las pruebas se harán en dependencias públicas/privadas o ambas?, ¿Las va a costear el Estado o cada persona que se someta al control?, ¿Cómo evitar que se convierta en un negocio de un par de laboratorios ante la demanda de test?

El proyecto tiene que conseguir el visto bueno de la comisión Desarrollo Humano el próximo jueves. Luego pasará a Asuntos Constitucionales y a Hacienda.

¿Qué pasará con las candidaturas?

Otro de los nudos por desenredar es el de las candidaturas. El borrador dice que al momento de oficializar las listas a cargos electivos, quienes se postulen deberán acompañar el certificado de examen toxicológico negativo.

En los hechos esto es complejo: las elecciones provinciales generalmente coinciden con las municipales. Se renueva la fórmula gobernador-vice, pero también la Legislatura, intendencias, concejos deliberantes, comisiones de fomento y hasta consejeros escolares. En un universo de 623 cargos, que fue la cifra de 2023, ¿quiénes serán testeados?, ¿dónde?, ¿lo financiarán los partidos?

Hay algunos diputados que proponen que en la ley o en la reglamentación se indique que es un requisito para las cabezas de las listas (del primero al tercer puesto, por ejemplo), o que directamente hagan el test una vez que sean autoridades electas, previo a la asunción.