«No es inminente»: la ONU sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner
La defensa de la expresidenta busca frenar en el plano internacional la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero el Comité de Derechos Humanos advirtió que una definición “suele tardar varios años”.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le puso un freno de mano a las expectativas de los abogados de Cristina Kirchner. El organismo internacional descartó emitir un pronunciamiento inmediato sobre el pedido de revisión de su condena por la causa Vialidad y ratificó que la resolución sobre el asunto «no es inminente».
Ante la consulta formal dictada por el equipo de letrados de la exmandataria, la respuesta del organismo fue tajante sobre los plazos burocráticos: «Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años».
Aunque el mensaje no implica un rechazo de fondo al planteo legal, mitiga el impacto de la estrategia internacional desplegada por el kirchnerismo en pleno contexto político nacional.
La estrategia de la defensa: denuncias de «intimidación» y nuevas pruebas
Los abogados de la expresidenta, Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, buscan revertir la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para acelerar los tiempos, introdujeron una adenda solicitando la suspensión cautelar de la inhabilitación.
En dicha presentación, la defensa notificó tres ejes claves:
- Ataques e intimidación: cuestionaron declaraciones de los jueces de la causa Vialidad, avances sobre sus bienes y publicaciones en redes sociales realizadas por el presidente Javier Milei.
- Nuevas pruebas sobre el fideicomiso SISVIAL: la defensa insiste en incorporar peritajes sobre el Decreto 54/2009 para probar que los recursos no fueron desviados para favorecer al Grupo Austral de Lázaro Báez, prueba que había sido rechazada en instancias locales.
- Filtración de videos privados: denunciaron la difusión masiva de imágenes del allanamiento de 2018 en su departamento de Recoleta —donde se mostraron dormitorios y objetos personales—, considerando que vulnera el derecho a la intimidad del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Un fallo que seguirá en espera
El planteo de la exjefa de Estado apunta a objetar internacionalmente el fallo ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la ONU remarcó que primero debe analizar si el caso cumple los requisitos para ser admitido a trámite, un proceso que tomará años antes de arrojar un veredicto final.
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