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Odarda se acerca a la Provincia para relevar 105 comunidades indígenas en Río Negro
La presidenta del INAI dijo que estaban cerca de firmar el convenio con el Gobierno de Río Negro para reanudar el relevamiento territorial. Dijo que no tener personería jurídica no es impedimento.
La presidenta del INAI, Magdalena Odarda, quiere avanzar lo antes posible con el relevamiento territorial de las comunidades indígenas en Río Negro. Foto archivo.
“Río Negro es una de las provincias donde más relevamientos territoriales pendientes existen”, aseguró la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda. Por eso, destacó que se había retomado el diálogo con el gobierno de Río Negro para avanzar con el relevamiento territorial de las comunidades indígenas que faltan. Dijo que habían tenido una reunión con funcionarios de la provincia y que estaban a la espera de la convocatoria para un segundo encuentro.
Odarda informó que falta relevar a 105 comunidades indígenas en territorio rionegrino. Comunicó que 69 comunidades ya fueron relevadas. Explicó que un relevamiento territorial “lo que determina es la ocupación ancestral, tradicional y pública de una comunidad indígena” Pero advirtió que para poder avanzar “tiene que estar la representación del Parlamento Mapuche, del Codeci”. Enfatizó que es “necesaria la participación indígena”.
Explicó que presentaron una propuesta al gobierno rionegrino con un modelo similar al convenio que suscribieron con la provincia de Neuquén, donde está incluida la participación de las comunidades en los equipos.
Valoró que a partir del acercamiento que hubo con el gobierno neuquino y la firma del convenio se podrán relevar 43 comunidades de esa provincia. Aseveró que ese acuerdo se logró el consentimiento de las seis zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Odarda recordó que sigue vigente el decreto que el presidente Alberto Fernández dictó a finales del año pasado que prorrogó la vigencia de la ley 26160 que da continuidad a los relevamientos y suspende los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan.
Dijo que el objetivo es cerrar el convenio con el gobierno de Arabela Carreras para formar lo antes posible los equipos técnicos y capacitarlos. Admitió que es vital contar con la decisión política para hacerlo.
Manifestó que ahora hubo un acercamiento con el gobierno provincial -con el Ministerio de Gobierno y Comunidad- lo que ha permitido la posibilidad de lograr un consenso. Afirmó que si no se logra firmar el convenio, “tendremos que seguir haciéndolo con técnicos del INAI”.
Odarda dijo que los últimos relevamientos de comunidades indígenas en Río Negro se habían hecho desde 2008 hasta 2012. Después, se paralizaron. Aseguró que se habían hecho algunos de manera centralizada desde el INAI.
La falta de Personería Jurídica no es una traba
Aclaró que el relevamiento no excluye a aquellas comunidades que no cuentan con personería jurídica. “No es un condicionamiento sine qua non”, respondió, cuando se le preguntó por las comunidades mapuches Lof Lafken Winkul Mapu y Lof Quemquemtreu.
“La personería jurídica es solo un registro, pero los derechos de los pueblos indígenas van mucho más allá de los registros”, puntualizó Odarda.
Informó que un relevamiento territorial “lo que determina es la ocupación ancestral, tradicional y pública de una comunidad indígena”. “No significa la entrega de tierras”, aclaró. Para eso, agregó Odarda, es necesario avanzar con la ley de propiedad comunitaria indígena.
Aseguró que Río Negro “es una de las provincias que no ha avanzado en la entrega de títulos a través de la Legislatura provincial”. Recordó que la Constitución rionegrina estable que las comunidades indígenas tienen derecho a acceder a tierras aptas y suficientes. Dijo que es clave firmar el convenio y hacer los relevamientos pendientes “para dar seguridad a las comunidades y a todos los ciudadanos”.
Odarda mencionó el caso de las 24.000 hectáreas en la Meseta de Somuncurá “que fueron vendidas a precio irrisorio y logramos recuperarlas para el erario provincial” en su gestión como legisladora. “Pedí que esas tierras sean las primeras que sean entregadas con títulos comunitarios y nunca supimos el destino de esas tierras”, advirtió.
«Un relevamiento territorial lo que determina es la ocupación ancestral, tradicional y pública de una comunidad indígena. No significa la entrega de tierras”.
Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
"El fallo del STJ es un retroceso de años"
La titular del INAI, Magdalena Odarda, consideró que representa “un retroceso de años en lo que es la jurisprudencia respecto al reconocimiento de los derechos de comunidades indígenas” la sentencia que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dictó días atrás.
El máximo tribunal de la provincia anuló los sobreseimientos de personas, en su mayoría miembros de la comunidad mapuche Buenuleo, que estaban imputados por usurpar un predio de 92 hectáreas, que poseían particulares en el faldeo del cerro Ventana, en Bariloche. Los jueces del STJ plasmaron en la sentencia fuertes críticas al fallo de los magistrados del Tribunal de Impugnación y al desempeño del fiscal jefe Martín Lozada en la causa.
Odarda valoró fallos, como el de la causa “Calcatreu”, de la anterior conformación del STJ que admitieron un amparo contra la explotación minera. “Pasaron muchos años, y esta es mi visión, los estoy investigando a partir de los fallos, como hemos involucionado en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas”, aseguró.
“Son muy peligrosos este tipo de fallos”, opinó. Planteó que las manifestaciones desde el STJ “implican un mensaje velado a los jueces de la provincia para que no apliquen la normativa indígena y tiene gravedad institucional”.
Recordó la causa por el acceso al lago Escondido contra el magnate inglés Joe Lewis. “Hace trece años que el STJ ha mantenido una situación de evidente privilegio para un ciudadano extranjero”, advirtió. Y destacó la resolución de la Inspección General de Justicia de la Nación sobre la causa Lago Escondido que dictaminó que la justicia tiene que disolver la sociedad Hidden Lake SA, dueña de la estancia, por supuestas irregularidades.
Para Odarda, hay “una clara discriminación” de parte del STJ. Y señaló que cuando se trata de causas contra comunidades indígenas “tenemos fallos exprés en contraposición de cuando se trata de causas que involucran a grandes terratenientes”. “El STJ tiene una actuación de doble estándar para juzgar distintas situaciones”, remató.
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